Agujero negro en el parterre
Francisco Pomares
Sólo unas horas después de que el pasado viernes el presidente Torres volviera a defender apasionadamente la gestión de Noemí Santana en Derechos Sociales, o quizá como respuesta a eso, el comité de empresa de la Consejería calificaba de «caótica» la organización del departamento, y la gestión de la consejera. Los representantes de los trabajadores hicieron público un comunicado terrorífico en el que se asegura que hay más de 1.300 expedientes pendientes de ser renovados en la prestación canaria de inserción, además de más de mil solicitudes nuevas sin tramitar y reanudaciones bloqueadas sin resolver desde hace años, mientras en el servicio de Dependencia, el retraso en resolver las peticiones de prestación es de más de tres años, dos desde que se presenta la solicitud hasta que se realiza la valoración. En Discapacidad se tarda en dar cita a quien lo solicita 22 meses si se trata de un adulto, y –lo que parece incluso más grave– entre 10 y 15 meses si se trata de atender a un menor de seis años.
En realidad, todo eso es algo ya sabido gracias al reciente diagnóstico de la Diputación del Común sobre la gestión de Santana, diagnóstico que el presidente Torres se apresuró a decir que no comparte. El Diputado del Común, Rafael Yanes, presentó hace unas semanas su informe anual, muy crítico con la gestión de la Dependencia, en el que –entre otras cosas– recuerda que el número de días de espera para tramitar los expedientes casi se han duplicado desde que Santana y su equipo se ocupan del asunto. Yanes cree que es necesario multiplicar por cinco el número de evaluadores si se quiere hacer frente al problema de este monumental retraso, que se acerca a los tres años, y que ya ha provocado que muchas personas mueran esperando sus informes. Contestando a una pregunta formulada por Australia Navarro en el Parlamento, Torres aseguró no estar de acuerdo con parte del informe del Diputado del Común, que también dijo que la Dependencia concentra el mayor número de quejas que recibe la Diputación. Torres puede no estar de acuerdo con la solución propuesta por Yanes, un político socialista moderado y poco dado a buscar líos y conflictos, que es la de contratar más personal para acelerar la tramitación de los expedientes y acabar con la vergüenza que suponen los retrasos cada vez mayores. Pero es difícil negar la veracidad de los datos de la Diputación, sobre los que existe un amplio consenso que incluye a la Asociación de Directores de Servicios Sociales y a los trabajadores de la propia Consejería.
En su comunicado del viernes, los representantes sindicales revelan que la ineptitud en Derechos Sociales incluso va más allá de la asistencia a quienes más lo necesitan. El desinterés por la gestión del equipo directivo ha provocado que se demoren más de un año las solicitudes de jubilación y reclamaciones y revisiones de nómina y más de dos, las concesiones de pensiones de invalidez. Y la situación de los archivos también parece catastrófica: según cuentan los sindicalistas, el archivo actual del Centro de Valoración, con 130.000 expedientes, está «completamente desbordado», y lo mismo ocurre con Dependencia, donde se amontonan otros 120.000 expedientes que crecerán en los próximos años al envejecer la población.
Derechos Sociales precisa más personal. Han pasado dos años desde que Santana se hizo cargo, y todo ha empeorado. Ese es el panorama que Torres dice que es ‘mentira’, quizá porque no alcanza a verlo con la misma nitidez que los miles de perjudicados por la gestión de Santana y su viceconsejero Montero. Derechos Sociales se está convirtiendo en el agujero negro por el que se escurren los aciertos del Gobierno de Torres. Es inexplicable la tozuda miopía del presidente en este asunto.
