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Con una década de retraso

 

Por Francisco Pomares 

 

En un momento de asueto entre los grandes asuntos que preocupan al país, como el máster de Casado, la tesis de Pedro Sánchez o los huesos de Franco, el Congreso encontró tiempo ayer para ocuparse de una nimiedad como votar la reforma del Estatuto de Autonomía, que nos llega con más de una década de retraso. Por supuesto, a todos los que se alegran el asunto les ha parecido "histórico", no así a Ciudadanos (que se abstuvo) ni a Podemos (que votó en contra).

 

El Estatuto, que aún debe pasar el filtro del Senado y volver a Canarias, consagra la reforma emprendida por Adán Martín en mayo del 2004, con una comisión de expertos en la que estaban José Miguel Ruano, el magistrado Fernández Valverde, Francisca Sarmiento, Sonia Mauricio, José Adrián García Rojas, Julio Pérez, Fernando Ríos Ignacio Díaz de Aguilar y José Javier Torres Lana. Ese grupo diseñó un Estatuto con vocación de nueva planta, que afectaba hasta 70 artículos del anterior y que debía ser el último de los Estatutos de nueva generación. El retraso de diez años se produjo básicamente porque Paulino Rivero prefirió hacerlo decaer en las Cortes y evitar así la reforma de las normas electorales canarias. Rivero sabía ya que iba a presentarse como presidente, y que si el Estatuto se mantenía, acabaría por suponer la modificación de las normas. Antes de enfrentarse a una medida que perjudicaba los intereses electorales de Coalición, muy favorecida por su mayor presencia en las islas periféricas, prefirió hacer caer el Estatuto. Es cierto que el nuevo Estatuto no incorpora un catálogo de nuevas competencias -ni falta que hace, la mayor parte de las competencias de interés para canarias llegaron con la Lotraca de 1982-, pero, además del reconocimiento del "mar canario" sí implica la plasmación de un modelo basado en dos patas fundamentales: un amplísimo autogobierno, reconocido en el propio Estatuto, y un sistema de financiación que envidian el resto de las regiones españolas, incluido el País Vasco. España no solamente asume y financia vía REF un extraordinario elenco de ayudas estatales de distinto tipo y pelaje, también renuncia a cobrar el IVA, con un tipo general del 21 por ciento, que en Canarias es sustituido por el IGIC, con un tipo general tres veces inferior al estatal, y cuyos recursos se destinan íntegramente a financiar el funcionamiento de las administraciones canarias. Si las islas tuvieran ocho millones de habitantes, en vez de tener dos y poco, algo así sería directamente imposible. Solo vascos, navarros y canarios disponen de un régimen tan extraordinariamente beneficioso, pero los vascos y navarros lo financian con sus propios recursos exclusivos y en el caso de Canarias implica una solidaridad directa del resto de los españoles.



REF y Estatuto han recibido el empujón del Congreso hacia el Senado en la misma semana. El REF debería estar aprobado antes de finalizar octubre, y el Estatuto antes de final de año. El único escollo, las normas electorales, no va a frenarlo: el presidente Clavijo volvió a recordar ayer que aunque Coalición no comparte la ampliación de la cámara canaria a 70 diputados, el Estatuto es "tan importante" para las islas que Coalición no pondrá "ningún tipo de obstáculo o pegas" al sistema electoral. Porque si el Estatuto no se aprueba en esta legislatura, decaerá y habrá que empezar de nuevo desde el principio en la próxima.

 

El problema no va a ser, por tanto, la reforma electoral, sino la inestabilidad política nacional: crucemos los dedos para que no se convoquen elecciones anticipadas antes de que concluya el recorrido legislativo del Estatuto y el REF. No vaya a ser que haya que esperar otros cinco (o diez) años más.

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