Corredor aéreo
Francisco Pomares
El gobierno de España hizo desde ayer público el decreto para imponer una cuarentena de 14 días a todos los extranjeros y nacionales que quieran entrar en el país, que se había aplicado hasta ahora solo a españoles repatriados y a personas que regresaban de Italia. Parece además raro que la responsabilidad de hacer que los pasajeros conozcan la obligación de cumplir cuarentena corresponda a las compañías, que deberán informar de la decisión del Gobierno a sus pasajeros cuando compren sus billetes.
El decreto señala que todos los extranjeros y españoles residentes fuera de España que crucen la frontera deberán permanecer durante 14 días en cuarentena, sin poder abandonar su alojamiento excepto para acudir al médico o comprar productos de primera necesidad. Ambas actividades deberán realizarse con mascarilla, para reducir el riesgo de contagio. Se excluye de la cuarentena a los trabajadores transfronterizos, las tripulaciones de barcos y aviones, y a los transportistas, con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica. También quedan excluidos sanitarios y cuidadores (que no hayan estado en contacto con el Covid-19), personas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad, y personal extranjero acreditado en misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales que tengan sede en España. Si es necesaria la cuarentena, parece mucha gente fuera de la norma.
Es chocante que el Gobierno incorpore entre las excepciones previstas las sanitarias y de cuidados (¿quién puede saber si ha estado o no en contacto con la enfermedad?) y también ese cajón de sastre que son las "causas de fuerza mayor y situación de necesidad". Pero lo más chocante es que el Gobierno haya decidido precipitar el decreto para adelantarse en un día -solo un día- al anuncio de la creación por la Comisión Europea de un corredor aéreo que evite las medidas de confinamiento en el turismo, el transporte y las fronteras internas, y permita flexibilizar las restricciones y coordinar la seguridad para reactivar la actividad turística, que en España representa casi un millón de empleos.
Resulta extraño que el Gobierno del país europeo con mayor porcentaje del turismo en su PIB no haya preferido esperar a conocer las propuestas sobre recuperación del sector, antes de establecer más medidas de cuarentena, que no se aplicaron en el período duro de la enfermedad. O mejor aún, antes de conocer los protocolos sanitarios para el transporte aéreo, que la Agencia Europea de Seguridad Aérea aprobará el viernes en Bruselas. Las compañías defienden que el avión es muy seguro desde el punto de vista del contagio por virus, porque su sistema de circulación de aire se renueva cada pocos minutos y se limpia a través de filtros que eliminan el 99,9 por ciento de virus y bacterias del aire filtrado. De lo que se trata es de garantizar que esa información es cierta, y de desear que lo sea. Porque a toda España, y a Canarias más aún, le interesa que se extremen medidas alternativas a la reducción de ocupación, como controles previos y exhaustivos de cada pasajero. Las restricciones a la ocupación probablemente sean proporcionales a la duración del vuelo, con lo que Canarias saldría muy perjudicada: cuanto más lejos, menos plazas. Si no se tiene claro eso, no sé qué va a defender el Gobierno en Bruselas esta semana, ni qué comunicación mantiene con las compañías y con el sector para defender opciones de las que depende nuestro futuro.
