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Cribados

Francisco Pomares

 

Hoy parece fuera de duda que el sistema más fiable de diagnóstico de la Covid son las pruebas PCR. Las pruebas pueden realizarse de muchas formas: por decisión personal y de manera autónoma, para quedarse tranquilo, o como resultado de test masivos –los realizados en la encuesta epidemiológica serían un buen ejemplo– o por el sistema de cribado, que es el sistema que –con demasiada frecuencia y poco solvencia– se propone en muchos casos como principal arma de contención de la epidemia. Para empezar, aunque resulte obvio, conviene recordar que los PCR solo revelan la situación del paciente en el momento en el que se hizo la prueba. Alguien puede dar negativo de un PCR hoy y dar positivo incluso el día siguiente. Pero hacer PCR periódicamente a toda la población es inviable, tanto económicamente como desde el punto de vista de la logística. Sería necesario multiplicar por cien la actual capacidad de análisis. Lo que debe asegurarse es que el diagnóstico por PCR –el sistema de detección y seguimiento del contagio más fiable– se pueda aplicar a todos los casos sospechosos y después a sus contactos, para actuar preventivamente, establecer cuarentenas y reducir los contagios. Confirmar sospechosos en grupos de riesgo es ya un objetivo muy ambicioso. Por eso conviene no liarla con propuestas inviables, como las de los PCR masivos a los turistas. Las propuestas en ese sentido, lanzadas por Ángel Víctor Torres, no se han podido llevar a cabo, a pesar del bajo número de visitantes, precisamente por problemas económicos y logísticos, y además no habrían servido prácticamente para nada. Apenas para ofrecer una falsa idea de seguridad.

 

Los PCR que se puedan realizar deberían concentrarse en la confirmación de casos posibles, o con carácter preventivo, realizándolos a grupos de riesgo. Y debería aplicarse la misma metodología y seguir los mismos criterios administrativos con todas las personas cribadas.

 

 

No es lo que ocurre con los PCR realizados en residencias por el Servicio Canario de la Salud. Muchas familias de las islas han recibido en las últimas semanas un escrito del Servicio Canario de la Salud, dirigido a ancianos residentes, en el que se informa de que el pasado 16 de abril, en pleno confinamiento y bajo el mando único del Gobierno –que asumió todas las competencias sanitarias– se hizo el PCR a todos los residentes y empleados de residencias, tanto públicas como privadas. En el escrito se solicita a los pacientes, muchos de ellos de edad avanzada y con deterioro cognitivo, que en el plazo de diez días justifiquen su pertenencia a la Seguridad Social, dado que en caso contrario se pasará al cobro la correspondiente factura por la prueba. En un correo previo, comunicando la realización de las pruebas, y enviado a los directores de los centros y residencias, el Servicio Canario de la Salud solicitaba la entrega urgente –el día después de recibido el escrito– del listado de residentes, filiación y espacio que ocupaban, pero sin hacer constar que el PCR solo sería gratuito para los residentes a cargo de la Seguridad Social. Tampoco se informó de este asunto a las compañías aseguradoras, advirtiéndolas de que sus pacientes tendrían que abonarlo. Algunas aseguradoras se han ofrecido a acudir a los centros y hacer los test, pero se les ha negado esa posibilidad, porque la competencia sobre realización de PCR en residencias es exclusiva de Sanidad. Parte de las aseguradoras han optado por abonar la prueba. El problema es que ya se ha anunciado la segunda criba en las residencias, el presidente Torres ha confirmado que se va a hacer –y es conveniente que se haga cuanto antes, para evitar la tragedia del pasado abril– pero nadie aclara si los viejos que no estén cubiertos por la Seguridad Social tendrán que pagársela ellos.

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