El bloqueo del Ingreso Mínimo
Francisco Pomares
Cuando ya han pasado tres meses desde su aprobación, el Ingreso Mínimo Vital sigue sin llegar a quienes lo han solicitado. La medida, una de las promesas del PSOE y Podemos para frenar el incremento de la pobreza consecuencia de la pandemia, pretendía crear una suerte de barrera de protección para las familias en situación de precariedad grave, con un coste estimado de 3.000 millones de euros al año, y una cobertura que podría alcanzar –según anunció el propio Sánchez– a 850.000 familias y 2.300.000 personas.
La Seguridad Social ha dicho que de las primeras 750.000 solicitudes recibidas antes de finalizar junio, hasta 143.000 ya fueron estudiadas y 80.000 aceptadas. Pero los datos no coinciden con los de los sindicatos. La CESIF ha asegurado que sólo una de cada cien solicitudes se ha resuelto, y que la Seguridad Social sólo ha analizado 6.000 casos. Según el sindicato, apenas hay 1.500 empleados públicos en el departamento encargado de tramitar la prestación, que además son los mismos que se ocupan de las jubilaciones. Para desatascar el tapón –el ministerio ha reconocido que el ritmo de tramitación está siendo más lento de lo previsto– contrató con el grupo Tragsa, a través de su filial tecnológica, Tragsatec, y por la friolera de casi 8 millones de euros, el trámite de las peticiones. Tragsa es una empresa pública participada al 99,9 por ciento por el SEPI y la Administración General del Estado, y en menos de un 0,1 por ciento por Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y cabildos, que presta auxilio a las entidades públicas. Presumen de operar como medio propio personificado de las administraciones del Estado, y se han especializados en proyectos vinculados al sector agrario y pesquero.
La contratación de su filial Tragsatec para desbrozar el bosque de solicitudes del Ingreso Mínimo fue una decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Tras la adjudicación, Tragsatec contrató a 500 empleados para trabajar durante cuatro meses en la tramitación de las peticiones. Ese personal tiene acceso a datos privados teóricamente reservados a los funcionarios de la Seguridad Social, pero no pueden aprobar o rechazar las solicitudes, sólo analizarlas y pasar sus propuestas al INSS, donde no se fían mucho del trabajo previo y tienden a revisarlas, lo que ha provocado un bloqueo monumental.
Una de las trabajadoras contratadas por la concesionaria, despedida según ella por negarse a aceptar ordenes irregulares, ha denunciado -en medios y en la Fiscalía Anticorrupción- que la empresa instruyó a sus empleados para que retrasaran todo lo posible los tramites del Ingreso Mínimo, desarrollando incluso un sistema de clasificación de las peticiones que no incluía la posibilidad de considerar tramitable las solicitudes. La empresa obligaba a clasificarlas todas como 'pendientes de información', aun siendo correcta la documentación aportada. Por supuesto, Tragsa ha desmentido esa denuncia que –de ser cierta– provocaría un monumental escándalo, pero explicaría el parón producido con la medida estrella del Gobierno Sánchez. El asunto ha provocado además un extraño debate en los medios: algún digital de izquierdas, tras considerar que la denuncia tiene fundamento, ha defendido la teoría de que los directivos de Tragsa retrasaban conscientemente los expedientes para dañar la imagen del Gobierno. ¡Uff..!
Es muy probable que detrás de todo esto solo haya un cúmulo de incompetencias y de burocracia, además de la venganza mediática de una empleada despedida. Pero si yo fuera el Gobierno me lo haría mirar.
