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El Gobierno como problema, no como parte de la solución

Antonio Salazar

 

En una anterior colaboración en Lancelot advertíamos que mucho más peligroso que el virus era el Gobierno. No es elegante la autocita pero cabe solicitar indulgencia al despistado lector si, como es el caso, la proclamación no solo no se muestra errada sino que tiende a confirmarse. El último capítulo es el presupuesto que el gobierno que copresiden Sánchez e Iglesias ha perpetrado cara al ejercicio próximo, un desatino sin tasa. La última institución en sumarse ha sido el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien vaticina la mayor contracción del PIB de todos los países industrializados, un 12,8%. Para combatir este desastre, el gobierno se plantea una alternativa que es tan vieja como el hilo negro sobre cuyos resultados no cabe conjeturar nada bueno. Más gasto, más impuestos, más regulaciones que conformarán una visión de sociedad inquietante a la que Podemos y socialistas quieren conducirnos y que no es otra que un nuevo sistema socioeconómico controlado por el estado (minúscula deliberada, al menos hasta que individuo se escriba con mayúscula).

 

Frente a la pretensión de crear una gigantesca maquinaria burocrática ineficiente y ruinosa, disculpas por la redundancia, no hay una sola medida que mejore o fortalezca el funcionamiento de una economía de mercado. No, los Ertes, los ICOs o incluso los planes de rescate dotados con 10.000 millones de euros a los que se acogen empresas como Naviera Armas o Air Europa, no van en esa dirección, antes al contrario, supone subordinar incluso la capacidad de dirección en unos burócratas plenos de fatal arrogancia que jamás han lidiado en la vida real con empresa alguna. Sin olvidar que algunas de estas compañías pueden haber dejado de ser útiles a la sociedad y su camino más adecuado sería la venta o el cierre. Estas empresas zombies se convierten en un estorbo y no son mantenidas por clientes satisfechos sino por contribuyentes compelidos a ello.

 

 

El FMI avisa sobre los efectos que tendrá para la sostenibilidad fiscal del país la elevación de los salarios de los funcionarios y de las pensiones en línea con la inflación esperada cuando venimos de un año con ese dato en negativo. No lo dice por molestar, pide que se tenga margen para reaccionar si la economía no se recupera a la velocidad prevista y pronosticando que no volveremos a las condiciones precrisis hasta el año 2026. No parece un mal consejo que, eso sí, no pretende seguir nuestro gobierno, empeñado en desequilibrar aún más el tablero de juego: hoy viven de la administración, de forma directa o indirecta, más de 15,1 millones de personas mientras que 15,8 millones obtenemos nuestros ingresos en el mercado, algo que resulta de todo punto de vista insostenible. Razón para creer que el gobierno no es parte de la solución, es el problema.

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