El hijo
Por Francisco Pomares
El hijo ingresó voluntariamente en prisión después de que la Audiencia rechazara la suspensión de la pena que sus abogados habían pedido. Acabó entre rejas para hacer frente a una condena de dos años y medio, por delitos probados -incluso reconocidos por él mismo- de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. Esos delitos son el resultado de su intento de amañar el concurso de las ITV catalanas, en una trama que cambió incluso el mapa de las estaciones de inspección de vehículos en Cataluña en beneficio propio. El hijo utilizó su propia influencia -era miembro del Gobierno- y la de su familia, para manipular el concurso y a cambio consiguió un racimo de comisiones ilegales (más de 300.000 euros ingresados por su mujer) que le pagaron los empresarios favorecidos por sus amaños. Ha pasado sólo dos meses en prisión, y el Gobierno al que pertenecía -y que administra las prisiones de Cataluña- acaba de concederle el tercer grado, que le permite trabajar fuera, pernoctar en La Trinitat o Wad Rass (las dos cárceles de tercer grado de Barcelona) y dormir en su casa los fines de semana.
El hijo en cuestión lo es de un señor que durante casi 30 años lo fue todo en Cataluña y ahora está procesado también por haberse hecho mucho más rico de lo que ya era. El hijo se llama Oriol, y resulta que los otros hijos de su padre -hijos ideológicos por llamarlos de alguna manera- controlan la Generalitat, que es la que ha tomado la decisión final de concederle este privilegio cuando Oriol lleva sólo dos meses cumpliendo condena.
Por supuesto, la Fiscalía puede presentar recurso contra esta decisión de la Generalitat, ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que podría decidir si revocar el tercer grado. O mantenerlo, porque en Cataluña, de las casi 8.500 personas que cumplen pena de prisión, 1.650 lo hacen en tercer grado. Oriol Pujol, que así se llama el hijo del que estamos hablando, podría perfectamente tener derecho a las ventajas de este régimen, que se conceden en base a criterios objetivos: por ejemplo, si no existe riesgo de reincidencia (¿No existe?), o por las características sociales del penado (es rico, podríamos decir que podridamente rico), o por su apoyo familiar (parece que tiene una familia enorme que lo apoya), o si tiene trabajo (parece que no le iba mal como empresario comisionista), o si esta es la primera condena que sufre (lo es, aunque el hijo de Pujol mantiene una causa abierta en la Audiencia Nacional, que le tiene imputado por la ocultación de la fortuna familiar en Andorra), o también si ha demostrado buena conducta en el centro dónde está internado (que sí lo ha hecho, al menos durante el escaso tiempo que ha estado).
La cosa es que la decisión de clasificarle en tercer grado fue propuesta por la junta de tratamiento de la cárcel donde estaba cuando apenas llevaba 65 días, y validada por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, dependiente de la Conselleria de Justicia catalana. Pero lo más probable es que la decisión hubiera sido otra muy distinta si en Cataluña las competencias en materia de régimen penitenciario y la gestión de las prisiones no dependieran de la Generalitat, sino del Ministerio, como en la mayor parte del territorio nacional. A lo mejor va siendo hora, visto lo visto, de replantearse algunas competencias...
