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El Juicio de la Democracia


Por Antonio Coll

 


La independencia y profesionalidad de los siete magistrados del Tribunal Supremo, presidido por el grancanario, Manuel Marchena, en el juicio llamado del procés en Cataluña, es una evidencia a todas luces. La sentencia, ya conocida, ratifica que el Reino de España es un Estado de Derecho Democrático y Social. Muchos analistas consideran uno de los juicios más relevantes desde la Transición Política, en la época de Juan Carlos I y Adolfo Suárez. Solo puede superarlo el intento de golpe de Estado de Tejero, cuando entró en el Congreso de los Diputados, de forma violenta y con armas.

 

Las reacciones adversas de algunos políticos con cargos públicos, sobre todo, de las cúpulas de partidos independentistas catalanes, se califica solo de simbolismo sentimental, ya que ellos mismos son conscientes de que el Tribunal Supremo ha actuado con una escrupulosidad máxima. Decir que es una venganza del Estado Español, es meramente una opinión retórica para seguir engañando a buena parte de sus incondicionales simpatizantes para implantar una hipotética República en Cataluña, saltándose la propia Constitución Española y el propio Estatut catalán. Soy consciente de que la contundente respuesta de la Justicia marca un antes y un después, pero servirá de advertencia para los que quieren imponer sus ideas por encima de las leyes vigentes. He revisado todas las constituciones de la Unión Europea y ninguna recoge el derecho a decidir de los ciudadanos para “Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Precisamente, en España, en concreto, el artículo 472 del Código Penal, así lo recoge, entre otros delitos el de rebelión. En este sentido, el Supremo, ha sido cauto, y ha sustituido el Delito de Rebelión, por el de Sedición, que si bien son dos delitos muy similares, relacionados con la alteración del orden público, éste último, se refiere, según el Código Penal: “al acto de alzamiento público y colectivo contra las autoridades constitucionalmente electas, contra el orden público o contra la disciplina militar que no llega a medidas graves, como serían los casos de rebelión y traición…”

 

No es mi intención aburrirles con cuestiones jurídicas, pero dejo constancia, brevemente, de la diferencia de ambos delitos, pera mejor compresión de la sentencia del alto tribunal. Ahora, lo importante es saber las coordenadas a seguir porque los líderes de las formaciones políticas separatistas siguen aireando sus polémicas directrices de continuar su lucha hasta la implantación de la República Catalana, que, incluso, no cuenta con ningún apoyo de la Unión Europea y organismos internacionales, como la ONU, por ejemplo. La Comisión Europea ha declarado que es un asunto interno del Reino de España y que Cataluña tiene que cumplir con las leyes españolas. Hacer frente a las “irracionales” actitudes de quienes quieren dar un “Golpe de Estado”, declarando la independencia o simulacros, vulnerando el orden constitucional vigente y alterando el orden público, es un “suicidio” y descoloca a toda la sociedad catalana, sobre todo a una gran mayoría que aspira a convivir en paz, dentro del imperio de la ley y seguridad pública.

 

Cataluña y, sobre todo, Barcelona, es una “locomotora” económica y una ciudad que siempre ha presumido de cosmopolita y multicultural. Y lo digo porque soy testigo en mis cinco años de estudios, en la Universidad Autónoma de Bellaterra. Me entristece ver lo que está pasando y que la “marca Barcelona” se esté deteriorando por personajes separatistas, compuesto por un rebaño de distintas ideologías, impulsando quiméricos sueños, de forma unilateral, sin propuesta alguna de mejorar el bienestar de los más de 7,5 millones de habitantes. Cataluña hoy, con su Estatut de Autonomía, es similar a las competencias de un estado federal. Cambiar el status quo de la que goza actualmente, puede provocar un retroceso y un caos en una de las comunidades más ricas del Reino de España. Solo los pueblos oprimidos bajo dictaduras, tienen el derecho legítimo de oponerse y forzar un golpe de estado. Circunstancia que no se da en la próspera y olímpica comunidad catalana.

 

La grave “crisis” que está provocando “los soberanistas” puede potenciar y conducir a la sociedad catalana a peligrosas divisiones traumáticas y a un destino incierto. Por ahora, ha actuado la Justicia, con el llamado: “El Juicio de la Democracia”.

 

Ya veremos qué nos depara el futuro que yo califico de “fenómeno esperpéntico”.

 

 

 

 

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