Gobierno de secano
Por Francisco Pomares
Dicen que fue la ministra de Hacienda, pero no tengo yo muy claro quien decidió bautizar como viernes sociales lo que no es otra cosa que una política de decisiones claramente electoralistas que convierte al Gobierno de la nación y al Consejo de Ministras, Ministros y etcétera en un repartidor de cuartos a ese puñado de regiones o sectores en los que el PSOE quiere mejorar sus resultados electorales.
En lo que va de este año de 2019, el Consejo se ha dedicado, con descaro absoluto, a inyectar recursos en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares. También se preveía una inversión extraordinariamente importante para Andalucía, interrumpida tras la formación de un Gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos en la región. Cataluña ha recibido en los últimos meses 1.855 millones, que no parece que hayan servido para tranquilizar mucho a los independentistas, ni para modificar la decisión de Torra de romper la baraja de cualquier entendimiento con Madrid. A quien sí le ha dado algo de combustibles al secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, que últimamente parece un infiltrado del independentismo en el PSOE: a este paso va a resultar difícil distinguir la diferencia entre estar en ERC empujando desde fuera y estar en el PSC empujando desde dentro. En Valencia, donde gobiernan el PSOE y Compromís y se han hecho coincidir las elecciones generales con las regionales por decisión del socialista Ximo Puig, Sánchez ha inyectado desde enero la friolera de 1.237 millones. Y a Baleares, en dónde el PSOE cogobierna con los independentistas que reclaman -también- un futuro referéndum de autodeterminación, le han mandado 517 millones.
Mientras la lluvia de cuartos cae sobre la cuenca mediterránea, parece que el Atlántico nos toca secano. De los 300 millones que tenían que haber sido transferidos con cargo a los Presupuestos de 2018 o los acuerdos y convenios suscritos con el Estado, a Canarias aún no ha llegado un duro, aunque es cierto que el viernes se aprobaron -tras la amenaza de movilizaciones agrarias- los ocho millones de las ayudas para el sobrecoste del agua de riego en Canarias, incorporadas en los presupuestos de 2018 y aún no transferidas. Pero seguimos a la espera de los más de 300 millones del ejercicio 2018 que no se han ejecutado por parte de Madrid, o de que se abonen las cantidades pendientes del anterior convenio de carreteras, se firmen los convenios de infraestructuras o se abonen los 18 millones del plan para combatir la pobreza.
No es un regalo: se trata de dinero comprometido, dinero acordado y presupuestado, que el Gobierno de España no incorpora ni transfiere y que es imprescindible en las islas. Se trata de dinero y recursos que pertenecen a los canarios y que el PSOE de las islas se niega a exigir, instalado en una actitud servil y entregada con un Gobierno -el de Sánchez- que se venga de Coalición Canaria, de Clavijo o de quien sea, pateando en el trasero a los ciudadanos de las islas. Nunca en la reciente historia democrática de Canarias los socialistas habían mantenido una posición tan entregada ante la administración central, máxime cuando muchas de las cantidades que ahora se reclaman -las del convenio de carreteras, por ejemplo- fueron peleadas por ellos, los socialistas, cuando gobernaba el Partido Popular en Madrid e hizo lo mismo que hace ahora el PSOE de Sánchez. Un poco de coherencia nos vendría bien.
