PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Granadilla: El cuento de nunca acabar

 

A Babor, por Francisco Pomares 

 

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Estado y Enagás, confirmando la anulación de una autorización administrativa a la regasificadora que se quiere ubicar en el puerto de Granadilla. La decisión está basada en un defecto de forma, porque el Estudio de Impacto Ambiental de la regasificadora no contempló los riesgos acumulados de la instalación. Eso no impide la presentación de un nuevo proyecto, de hecho, la compañía presentó otra solicitud de autorización administrativa aún pendiente de ser resuelta. La nueva solicitud fue cursada en junio de 2015 y obtuvo la preceptiva declaración de impacto medioambiental en julio del siguiente año, superando así el defecto formal de la primera concesión.

 

Lo cierto es que a la regasificadora de Granadilla parece haberla mirado un tuerto: a los problemas consecuencia del enorme retraso en la construcción del puerto industrial, y a esta resolución, hay que sumar el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que se manifestó en contra de la construcción de la planta que Enagás -a través de Gascan- pretende ubicar en Granadilla, porque el proyecto no contaba con garantías de sostenibilidad económica. La decisión tampoco fue vinculante, pero obligó a otra actualización del proyecto, al que se consideró incompleto porque no incorporaba determinados servicios como carga de cisternas, carga de buques, trasvase de gas natural licuado de buque a buque, puesta en frío de buques y "bunkering", y porque además no reflejaba las previsiones de demanda de gas, las características del mercado y el volumen de inversiones. En definitiva, la Comisión Nacional del Mercado y Competencia, consideraba el proyecto de regasificadora "desfasado". Es más que lógico. Lleva décadas dando vueltas por las mesas de los despachos, aunque es verdad que ahora se espera se espera que el Ministerio conceda la autorización definitiva para la planta regasificadora en breve.



Mientras eso ocurre, los cuestionamientos, resoluciones y retrasos suponen un éxito de la plataforma ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla, y una demostración de hasta qué punto la desidia y la falta de eficiencia en la tramitación de las asuntos que dependen de autorización gubernativa, pueden provocar situaciones absurdas. La última resolución del Supremo ha sido celebrada por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que la ha calificado de éxito del movimiento ciudadano contra el gas. Más discreto ha estado Morales con la decisión del Puerto de La Luz y de Las Palmas de permitir la instalación de una central eléctrica alimentada con gas, un proyecto de Hispania Petroleum, de cien millones de euros, que suministrará gas a los buques y producirá el diez por ciento de la energía eléctrica que se consume en Gran Canaria. La central será operativa en 2020, bastante antes de que la de Granadilla pueda entrar en funcionamiento. Habría que preguntarse si lo que vale para oponerse a que el puerto industrial de Tenerife cuente con una gasificadora no vale igual para el Puerto de Las Palmas, el único que estará en condiciones de proporcionar ese combustible a los barcos que transiten el Atlántico medio dentro de dos años. A veces ocurren cosas muy extrañas: llevamos mucho tiempo con Morales oponiéndose a la instalación de regasificadoras en Canarias, y ahora sabemos que hay una operando desde hace años precisamente en Arinaga, municipio de Agüimes. Es la de la panificadora Bimbo, que funcionaba con hornos de gas propanado, pero decidió cambiar a gas natural, más barato. Bimbo trae el gas natural licuado en camión cisterna y por vía marítima desde la península, y en Arinaga lo transforman es gas natural para sus hornos y calderas. Debe ser que Morales tampoco se enteró de eso cuando era alcalde. Como no se enteró de lo de las cuentas. Es un despistado, este hombre.

Comentarios (0)