La Justicia le llega al “cazador” Carlos Espino
Por Antonio Coll
Carlos Espino desde diciembre del 2008 hasta su dimisión, en diciembre del 2011, hizo resurgir un peligroso autoritarismo, en la isla de Lanzarote, como secretario general del PSOE insular. Fue una época desconcertante y catastrófica para la política y economía de la isla. El “mandamás” socialista, en dicha época, actuó como un “dictador” bananero, persiguiendo a empresarios, políticos y medios de comunicación que no le eran afines. Desde su cargo controló todos los resortes del poder político, con argumentos reaccionarios y amenazantes. Mientras se despachaba con muchos “tics” fascistoides, empresas públicas del Cabildo de Lanzarote, como Inalsa, Centros Turísticos, Zonzamas, etc. estaban traspasando las líneas rojas y se empezaba a anunciar la quiebra económica del gobierno insular por sus procederes. Un moción de censura, antes de terminar la legislatura, lo apartaron del poder político y, en diciembre del 2011, Espino se vio obligado a dimitir como secretario general por los conflictos que generó, en el ámbito interno de la formación socialista. Una denuncia interpuesta en el 2009 y posteriormente una querella criminal presentada en el 2010, por la nueva consejera delegada de los CACT, Astrid Pérez, la Audiencia Provincial ordenó, finalmente, que el caso recayera en el Juzgado de Instrucción nº 3, dirigido por el Magistrado Rafael Lis, en el verano del 2014, después de diferentes recursos presentados por los letrados del imputado principal y otros, que tenía como objetivo dilatar el expediente hasta junio del 2016 que fue la fecha cuando se declaró la causa 4021/2011, ampliando 18 meses la investigación, a instancia de la Fiscalía. Por fin, el 18 de abril de 2018 se dicta un Auto por el Magistrado-Juez, Rafael Lis, donde los imputados deberán prestar fianza, por un periodo de diez días, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales y fraude, entre otros. Los importes de fianza más importantes a los que deben hacer frente, entre otros, el político socialista, Carlos Espino, es de 1.523.426,61 euros. También el empresario, entonces perteneciente al mismo partido, Antonio González Medina, la cantidad requerida es de 1.362.809,94 euros. El Magistrado Lis Estévez, argumenta, en su Auto, que existen sobrados indicios racionales de haber incurrido en los delitos citados anteriormente.
Como bien es sabido, Carlos Espino, es asesor de la actual secretaria general del PSOE y de la alcaldía de Arrecife. Se especula que aún sigue cobrando sus honorarios de arcas públicas, porque aún no ha sido inhabilitado para ocupar cargos en las administraciones públicas. Pero una buena parte de la opinión pública lanzaroteña se pregunta el por qué no se aplica los fueros internos del PSOE cuando cualquier afiliado está imputado, como ocurrió con el ex alcalde de Arrecife, José Montelongo. También tenemos que recordar que Carlos Espino fue unos los instigadores del Caso Unión, y como ya es conocido existe un informe de la nueva jueza-instructora, remitido, en su día, al Poder Judicial, donde se pone de manifiesto muchas “irregularidades” e imprudencias palpables, cometidas en el inicio de la instrucción, que determinados analistas jurídicos han calificado de una escenificación, con ingredientes de teatralidad, al no protegerse, en determinadas actuaciones, los derechos individuales, como es el de imagen y del honor, además de la presunción de inocencia. Se detectó filtraciones a determinados medios para que los reporteros gráficos captaran in situ las detenciones y registros, e incluso, algunas órdenes judiciales, sin firma del magistrado de turno. Hechos que perturbaron a la sociedad lanzaroteña por acciones discriminatorias más propio de actuaciones en el ámbito del terrorismo o de criminalidad palpable.
Ocho años después, la Justicia le ha llegado al supuesto “cazador”, ahora imputado por presuntos delitos muy graves contra la administración pública. Ya veremos, cuando se abra el juicio oral, las resoluciones judiciales del actual político procesado. El Magistrado-Juez, Rafael Lis, con el dictamen del Auto del pasado 18 de abril, abre las puertas a un proceso que se había alargado en demasía. Tengo que decir que el Juez Lis fue un firme candidato a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, e incluso también como Magistrado del Tribunal Supremo del Reino de España. Algunos problemas de faltas con el Caso Unión, no tiene nada que ver con la cuestión de las graves irregularidades en Los Centros Turísticos. Los seis meses de sanción le están sirviendo a los imputados y algunos sectores afines a ellos, para desprestigiar los razonamientos jurídicos del propio Magistrado, muy aplaudido por la gente sensata.
