La polémica está servida
Por Antonio Coll
Mal empieza un pacto – si finalmente termina por fraguarse- si a las pocas horas de repartirse las áreas, salta a la luz pública la incertidumbre del inicio de lo pactado. Todo viene a cuento, por la destitución del director de la Oficina Técnica y del PIOT, a través de un decreto del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. En un ambiente normal, este hecho pasaría desapercibido, pues un presidente de un gobierno insular, tiene suficiente potestad para realizar cambios, en el organigrama del funcionariado, de la institución, a excepción de las plazas de Secretario, Interventor y Tesorero, al que se llega a través de unas oposiciones públicas, de ámbito estatal. A mi manera de ver, el trasfondo de dicho cese tiene más relevancia del que, en un principio, pudo o puede aparentar. Y lo digo porque la directiva insular del PSOE ha puesto “el grito en el cielo” por el citado decreto. Al margen de si la dimisión estaba pactada, antes del acuerdo entre CC-PSOE, para conformar grupo de gobierno, al que finalmente, se ha unido el único consejero del PIL, puedo entender que a determinados grupos allegados o afines a los socialistas, la destitución de Leopoldo Díaz, tiene la suficiente envergadura para “romper” el pacto o reconducir de nuevo el mismo. Es cierto que el PSOE, desde el 82, ha tenido como emblema principal el de presentarse como la “guardia pretoriana” de protección del territorio y el medio ambiente, al comprobar que esa actitud le da réditos electorales, legislatura tras legislatura. Independientemente, de su legitimidad, el problema se suscita cuando el vocablo “defender” se convierte en “controlar”. No es baladí. La diferencia es mayúscula. Tener plenos poderes de control en los planes de ordenación urbana, el propio Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y el Plan Especial de La Geria, no tendría mayores consecuencias, si esos “poderes” fueran políticos y no se ejerciera desde la “sombra”, como se percibe, desde posiciones más neutrales y fuera de intereses empresariales.
El problema ahora es que la polémica está servida y, en el peor de los casos, puede mantenerse en toda la legislatura, aunque se reconduzca el pacto entre nacionalistas y socialistas. La desconfianza se capta como la brújula que marcará el rumbo de la primera institución de la isla. Y, es obvio, que para los intereses generales de Lanzarote no es nada bueno. Y, menos, en los actuales tiempos, de recesión económica y paro galopante.
Siempre he considerado los planeamientos urbanísticos necesarios para el desarrollo de una ciudad y un territorio. Sobre todo, la garantía jurídica es su mejor aval para potenciales inversores en proyectos de interés general y para particulares si poseen suelo para construir su vivienda o ampliarla. Por eso se exige que esos instrumentos útiles tenga la particularidad de ser eficaces para mejor aprovechamiento por toda la sociedad y evitar, como hemos visto hasta ahora, la judicialización permanente de muchas obras y proyectos llevadas a cabo. El ejemplo de La Geria es el más representativo. El Plan antiguo no ofrecía cobertura urbanística ni legal para que las infraestructuras bodegueras se acomodaran a la realidad de este siglo. La revisión tiene como objetivo salvar a la industria vitivinícola por considerarse que es la mejor forma de salvar a los agricultores y proteger el paraje. Las leyes se pueden cambiar, no son inmutables.
Se redacta la crónica de una “separación anunciada”
Corresponde a CC, como partido más votado en el Cabildo, a diseñar su programa político y para ello, tiene la obligación de entenderse con los aliados elegidos para conformar un grupo de gobierno que suponga estabilidad, con respuestas coherentes y bien articuladas y con el firme propósito de gobernar para los intereses públicos y empresariales de la isla.
Y aquí nadie tiene que presentarse como adalides del territorio y supremo proteccionista, porque ese paragua bajo el que se escudan algunos, está más desgastado que el póster del revolucionario Che Guevara.
Mal asunto para conformar un matrimonio, cuando en el acto de ceremonia para la unión, uno de ellos, responde sí, pero presentado, simultáneamente, un escrito de divorcio. Es como redactar la crónica de una “separación anunciada”. Y para ello, no hacen falta tantas alforjas.
El Partido Socialista tiene que definirse y ser transparente. Si su objetivo es paralizar el PIOT y la revisión puntual del Plan Especial de La Geria, que lo exponga y asunto zanjado. Si su objetivo es no ofrecer cobertura legal a los distintos hoteles de Yaiza y Teguise y a la mayoría de las bodegas asentadas en La Geria, que lo diga y así no marean a la perdiz. Que no se cobijen en la destitución de un funcionario para suscitar una polémica innecesaria y fuera de lugar. Por otra parte, flaco favor le hacen a la misma profesionalidad que dicen defender, cuando San Ginés ha dicho, en repetidas ocasiones, que es un problema de confianza y de directrices programáticas. E ideológicas, si se quiere. Pero legítimas, en cuanto está en consonancia a los criterios de política territorial de Coalición Canaria.
Lanzarote necesita avanzar y alejarse de situaciones inestables de antaño, que solo producen parálisis y caos, cuando en la actual época, la máquina del tiempo tiene que acelerarse para conquistar el futuro de más de 150.000 habitantes.
La legislatura, en el gobierno insular, antes de iniciarse, ya está viciada. Corresponde al presidente San Ginés gestionar muy bien una “cámara” donde tendrá que “lidiar” muchas adversidades si pacta con el partido socialista, además de tener que contenerse o no perder la paciencia ante un gallo, de nuevo cuño, con picos muy afilados y lengua de cobra, que no ha respetado los 100 días de gobierno para exteriorizar su ira contra el presidente. No solo la polémica está servida. También se percibe una legislatura “agitada”. El tiempo lo dirá.
