La reforma “electoralista” non grata, en cinco islas
Por Antonio Coll
El actual sistema electoral canario está basado en la triple paridad, que significa que de los 60 parlamentarios, Gran Canaria y Tenerife se reparten 15 cada una y el resto, 30 parlamentarios, entre Lanzarote (8), Fuerteventura (7), La Palma (8), La Gomera (4) y el Hierro (3), reparto que asegura la representación de los siete territorios, conformado por islas, a tenor de lo dispuesto en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Canarias que prevé en su artículo 9 que la Cámara Legislativa tendrá entre 50 y 70 diputados, actualmente establecida en 60 parlamentarios, desde 1983. Su fortaleza está basada en mantener un equilibrio por territorio y no por proporcionalidad poblacional. Además, los redactores sabían, perfectamente, que los parlamentarios no votan por islas o por provincias sino por grupos políticos, independientemente de la isla a la que pertenece, como ha sucedido en los últimos 35 años.
Determinadas formaciones políticas pretenden ahora reformar el sistema electoral canario, alegando más a la representatividad poblacional, es decir que Gran Canaria y Tenerife tengan más parlamentarios, cuyas pretensiones, sin lugar a dudas, es conseguir más poder político y sobre todo económico. En la realidad teórica y práctica, ya lo tienen, pero el rancio insularismo político insolidario y algunos grupos fácticos -empresariales, sobre todo de Gran Canaria, quieren imponerse por intereses particulares, sin importarles que rompiendo la triple paridad corre bastante riesgo y avivaría pleitos insulares de antaño, nada recomendable en la actual época.
El País Vasco, Galicia, Baleares, entre otras comunidades autonómicas, cuenta con similares sistemas electorales al de Canarias. Los mismos responden a la misma conformación compleja como los territorios canarios y que se sepa, en las citadas comunidades jamás se ha escuchado que bilbaínos, mallorquines o coruñeses quieran cambiar la herramienta electoral. Ellos son solidarios y pragmáticos. Saben que con un sistema equilibrado territorial se evita discordia y se protege mejor las necesidades de las zonas menos pobladas, en los ámbitos de la sanidad, educación, obras públicas, comunicaciones, etc. También en EE.UU el reparto es por estado, no por habitantes. Hillary Clinton obtuvo unos tres millones de votos más que el triunfal presidente Donald Trump. Otro ejemplo clarificador.
Como ya habíamos dicho, el propio Tribunal Constitucional considera incuestionable la legitimidad jurídica en la representación de escaños fijos por isla, sin tener en cuenta su población que además también está bien representada en el Parlamento de Canarias que actúa como una doble asamblea, en defensa de las poblaciones y, a la vez, de los territorios.
Yo intento ser explicito con mi opinión. Y mi convencimiento de que el actual régimen electoral canario está adaptado a la estructura geográfica del archipiélago y, por lo tanto, la mejor recomendación a los políticos partidarios de reformarlo, es que no pierdan el tiempo, mareando a la perdiz, para crear confusión, cuando para la mayoría de la población de las siete islas hay cuestiones más importantes que resolver que la de aumentar en 10 cargos públicos la actual configuración parlamentaria. Y la gente no es ingenua, solo que es consciente de su poca efectividad, porque no percibe impacto alguno a sus problemas, solo para pagar diez nóminas más a la clase política de Gran Canaria y Tenerife, con nuestros impuestos.
En definitiva, poner de nuevo el foco en la reforma electoral canaria con la excusa de potenciar la “calidad democrática” es mentira y expresión manipuladora. Principalmente porque son los grupos políticos los que deciden lo que debe votar los parlamentarios, independientemente del lugar de nacimiento de cada uno de ellos. El desempleo, la pobreza, el fracaso escolar, la atención social, la presión fiscal, entre otras cuestiones, es responsabilidad de todos los parlamentarios, haya sesenta o setenta.
Con todas las imperfecciones que pueda tener el sistema electoral canario, cuenta en su haber cuestiones positivas, entre ellas, la mejor cohesión y equilibrio, al asegurar la representatividad de las siete islas del archipiélago canario. Esto es lo que importa. Lo demás es resurgir el pleito insular, aplacado hace 35 años, gracias a políticos, como Rafael Stinga y el palmero Asier Galván, en la época preautonómica y determinados impulsores de la Constitución Española que defendieron la triple paridad para Canarias y otras comunidades. Declarar a los parlamentarios partidarios de la reforma como personas non grata en las cinco islas no capitalinas, me parece una buena opción si no dan marcha atrás.
