Magistral lección de un alto magistrado
Por Antonio Coll
Recibí irracionales críticas, por algunos energúmenos pastoriles, por la publicación de múltiples artículos, en defensa del Plan Especial de La Geria y de la necesidad de proteger las infraestructuras vitivinícolas, pilares importantes para salvaguardar el paraje único y excepcional de la Geria. Convencido y convincente expuse la imperiosa necesidad de legalizar un instrumento de planeamiento urbanístico sostenible, con todas las garantías jurídicas sobre el territorio, para poner fin al desconcierto legalista sobre todas las bodegas, implantadas en La Geria. Hice hincapié en la ejemplar Bodega Stratvs, perseguida y demandada por algunos grupos, de todos conocidos, que padecen de una patología obsesiva contra el empresario lanzaroteño, Juan Francisco Rosa. Pero la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en referencia al juicio de la cuestión de Stratvs, les ha caído como un jarro de agua congelada, al ser absuelto el propio promotor de la bodega. El propio presidente del Tribunal, el magistrado Antonio Doreste Armas, expone, en su voto particular, argumentos muy convincentes, al considerar que ni existió delito contra el territorio y mucho menos actitud prevaricadora administrativa de los diez investigados. Si hacemos un análisis de contenido, podemos interpretar que el magistrado-presidente, con mucho sentido común, defiende a los potenciales inversores en el sector primario, única vía que tienen los terrenos agrícolas para mantener su paisaje, al contrario de las populistas políticas de proteccionismo que se alejan del bien común general y frustra las expectativas de la explotación agrícola y su propio paisaje, al condenar a los agricultores a abandonar sus fincas por falta de rentabilidad. Asimismo entiende que Bodega Stratvs tiene todos los visos de ser legalizada, por la nueva Ley del Suelo, así como la regulación de las demás bodegas más antiguas. Las normativas de ordenación del territorio son muy complejas y el magistrado aboga por una doctrina jurisprudencial penal cautelosa en cuestiones territoriales y urbanísticas, generalmente enrevesadas, variables y complejas. Es bien conocido, en este aspecto, muchos fallos judiciales condenatorios en primera instancia y, posteriormente, absuelto los demandados, por tribunales superiores. Para mantener el sector primario, en una isla, con escasos recursos híbridos, es imprescindible la ayuda pública y dar facilidades a las iniciativas privadas.
Y volviendo al juicio sobre Stratvs, se da la paradoja que los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Yaiza que han sido condenados por dos magistradas, a excepción del presidente de la Sala, hubiesen incurrido en prevaricación si se oponían a conceder la licencia. ¿No les parece una incongruencia?
Al margen de las enrevesadas cuestiones jurídicas, lo importante ha sido la magistral lección ofrecida por el presidente del TSJC, Antonio Doreste Armas, que con sus criterios pragmáticos y ejemplar, desarma muchos argumentos exagerados y distorsionadores de la realidad por parte de los maléficos demandantes que solo les guía la atroz y absurda persecución a un ejemplar empresario lanzaroteño que, con sus arriesgadas inversiones, dinamiza la economía insular y mantiene cientos de puestos de trabajo.
Ahora, lo importante es que se ha abierto un camino más lúcido para el sector vitivinícola del Paraje de La Geria y la posibilidad de la total regulación de su industria bodeguera. Es una demanda popular generalizada para proteger y salvaguardar un espacio emblemático y excepcional que además se proyecta como un reclamo de gran interés turístico, en una isla declarada Reserva de la Biosfera y GeoParque por la Unesco.
