Menores
Francisco Pomares
Más de 2.800 menores extranjeros, llegados a las islas de manera irregular, saturan las dependencias e instalaciones de la Consejería de Derechos Sociales. El Gobierno regional ha advertido al de España que no puede hacer más, que la capacidad de Canarias para acoger menores migrantes está ya completamente rebasada. No hay sitios para hospedar a los niños y jóvenes, no hay forma de conseguir sumar a los Ayuntamientos en nuevos esfuerzos para la política de acogida, y no se dispone de recursos económicos para hacer frente a la situación, menos para lograr la plena escolarización –se ha resentido con las normas Covid- o para atender a los extutelados, para los que sólo se dispone de un centenar de plazas cuando se precisarían 1.500.
Este no es un problema del Gobierno o de la Consejería. Es un problema del país, que deber resolverse con los medios del Estado: Canarias es hoy el eslabón débil de un sistema absolutamente inadecuado, establecido en un momento en el que no se pudo prever que la llegada de menores sería masiva, y se produciría básicamente por los territorios africanos –Ceuta y Melilla- y por las regiones más próximas, Canarias y Andalucía. Acercándonos ya a los tres mil menores acogidos, y con una previsión de que se alcancen los 3.500 antes de que termine el próximo mes, el Estado no ha dado ninguna respuesta a las peticiones canarias. De hecho se ha desentendido de este asunto, recomendando con carácter genérico y voluntario una ‘solidaridad entre Comunidades Autónomas’ que no llega ni va a llegar en las magnitudes que se requieren. Las regiones que más han respondido, Cataluña y Castilla-La Mancha, sólo han acogido a 43 y 25 menores.
El Estado sí intervino, con enorme rapidez y eficacia en la crisis de los menores de Ceuta, pero lo hizo movido por sus especiales características de conflicto estratégico, más que por el problema humanitario creado. Se resolvió con la repatriación de los menores, una solución que no contempla la legalidad española, ni los acuerdos internacionales, pero todo el mundo hizo la vista gorda, porque la solución era fácil de ejecutar: hacer cruzar la valla en sentido contrario a quienes la habían traspasado. Marruecos colaboró en esa fórmula.
En Canarias, el recién elegido presidente del PP, Manuel Domínguez, ha pedido que se arbitre una medida parecida. Pero las condiciones no son las mismas: las repatriaciones tendrían que vencer no sólo los problemas de legalidad, la tutela efectiva de la justicia, sino también la cuestión insalvable de que los menores tendrían que ser devueltos a sus países (o a terceros países con destino a los suyos) por vía aérea y con los visados de retorno en regla. Y además está la cuestión de quienes no tienen pasaporte y ocultan su filiación, que son mayoría. Muchos de los que se declaran menores no lo son, con casos absurdos, como el de varios hombres en la cuarentena, que se declararon menores y fueron tramitados como tales. Siguen en El Hierro a la espera de que se les hagan las pruebas óseas. Es probable que entre el 20 y el 30 por ciento de los que se declaran menores no lo sean. Pero todo eso son aspectos parciales de un problema mayor: lo que se avecina es un desbordamiento de los centros que en este mismo mes podría exigir la intervención del Ejército para montar carpas provisionales, una solución muy poco recomendable.
La directora general del área, Iratxe Serrano, ha sido muy sincera al señalar que el Estado sólo intervendrá cuando haya “un escándalo público y “los medios informen sobre lo que está ocurriendo”, hasta que al final “la situación sea tan sangrante” que el Estado se vea obligado a “tomar una decisión”. Si así ocurre, esa solución llegara tarde y cuando sea más difícil resolver los problemas.
