Mercadona debería pagar a los vecinos
Antonio Salazar
¿Cuándo se jodió el Perú? Recordemos que es la célebre expresión de Zabalita con la que arranca la novela “Conversaciones en la Catedral” del Nobel Vargas Llosa. Y que viene pintiparada para plantearnos en qué momento decidimos renunciar a nuestra propia autonomía en favor de unas administraciones intrusivas hasta la náusea, que jamás actúan de manera neutral ni protegiendo bien alguno. Sucede en el caso, no es único pero sí suficientemente relevante, de una comunidad de vecinos con 153 familias de clase media, con profesionales liberales y muchos funcionarios que no necesitan del papel pretendidamente benefactor de la administración. Esas familiasviven un problema con el bajo del edificio, propiedad de Mercadona. Sometido a reforma completa el inmenso local, la empresa propiedad de Juan Roig no ha tenido más que solicitar licencia al ayuntamiento y abonarla, al tiempo que a la administración del edificio comunicarle el inicio de sus obras, anticipando disculpas por los molestias. Sucede que la obra es más complicada de lo que los vecinos habrían imaginado y entre ellos existe, incluso, el temor de que sean manipuladas estructuras sensibles para la estabilidad de la construcción. Las quejas son notables, el ruido insoportable durante doce horas los siete días de la semana pero el ayuntamiento ya cobró y la empresa ya pagó.
Hay una externalidad negativa clara, el ruido, y daños a terceros que el ayuntamiento ha decidido sean compensados mediante el abono de la licencia. Claro que ese pago no tendrá efecto algunos entre los llamados a sufrir los de dos meses de inacabables obras mientras que los dirigentes políticos estarán tentados de usar esos recursos en captar votantes que no están en el edificio afectado. Se produce, por tanto, la asunción de un daño sin reparación porque las normas determinan que este tipo de actividad, claramente insalubre, se compense con el pago de la licencia. El Nobel Ronald Coase planteó una solución eficiente y privada a las externalidades fijando claramente los derechos de propiedad. Y en este caso son cristalinos, existen unos propietarios de viviendas que, incluso, tienen su propia interlocución con los mecanismos que la ley prevé. Lo razonable sería que Mercadona negociase con ellos el coste de los daños y pactase para que nadie se sintiese perjudicado en sus intereses por una intervención tan profunda en el edificio.Se podrá argumentar que existe también el derecho de propiedad de Mercadona, lo que le reconocería la capacidad para hacer las obras. Craso error, su derecho no ampara la posibilidad de hacer ruidos insoportables. Con esta legislación nos encontramos que a las grandes empresas solo les basta una interlocución directa con un único portavoz, el ayuntamiento, cruzándose intereses que en ocasiones hemos sabido que resultaban espúreos. Luego vienen los lamentos por la mala imagen de ambos.
