Perversa utilización de la “acusación popular”

Por Antonio Coll

De nuevo la figura penal de la “acusación popular”, salta a la palestra, por la acción de una asociación de abogados llamada Adade contra Mariano Rajoy, que ha conseguido que el presidente del PP se siente en el “banquillo” como testigo, en el proceso del conocido caso Gürtel. Según el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, la asociación Adade está estrechamente vinculada al PSOE y de lo que “se trata es de obtener un beneficio político a través de los tribunales”. Hernando tacha de “perversa y espuria” la utilización de la acusación popular, por una asociación partidista. Ya en la revista Lancelot del mes de abril planteé la figura jurídica, llamada Acción o Acusación Popular y expuse que, cada vez, está más cuestionada, en el sistema judicial español, aunque la Constitución Española, de forma ambigua, la reconoce, a pesar de que ningún país del ámbito europeo occidental está permitida este tipo de acusación. Hay que diferenciar la singularidad e la “acusación particular” a la “popular”, porque son diferentes, ya que la acusación particular es un derecho fundamental y en el sistema jurídico es lo más habitual y abundante. También como acusador está el Ministerio Fiscal. Es decir que en el Reino de España existen tres tipos de acusación: fiscal, particular y popular y los tres pueden personarse en un mismo proceso. En este sentido, se está demostrando que la figura jurídica “Acusación Popular” que se le permite su participación en cualquier proceso penal, aunque el ente no esté afectado o implicado directamente, le ha aumentado el número de detractores, sobre todo, a raíz de las sentencias de hace algunos años, como la conocida “doctrina Botín” y la “doctrina Atutxa”, entre otros casos. A partir de entonces, los magistrados están exigiendo unos requisitos formales y han establecido excepciones y matizaciones, en los procedimientos. Recuérdese las actuaciones de “Manos Limpias” y “Ausbanc” en diferentes procesos judiciales, entre el más reciente, el caso del “Instituto Noos” y la infanta Cristina. Como se sabe, los dos líderes de las citadas asociaciones, Miguel Bernad y Luis Pineda, fueron detenidos y encarcelados al descubrirse una supuesta trama de extorsión a determinadas entidades bancarias y “caso Noos”, entre otros. El sindicato “Manos Limpias” y la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), están imputados por delitos graves, al menos sus líderes, por pertenencia a organizaciones criminales y extorsión, ya que se personaban como “Acusación Popular” en diferentes procesos, pero negociaban con los supuestos acusados, con el fin de embolsarse inmensas cantidades de euros y de esa forma retirar la acción popular.

La isla de Lanzarote, cuenta con una plataforma llamada “Transparencia Urbanística” que nació en Octubre del 2008, coincidiendo con el “caso Unión” que cada vez está más “desunido” por el fondo y las formas de llevarse a cabos. Diferentes analistas y promotores, la consideran muy cercana al llamado “Sanedrín verde y mercenario” y se sabe que algunos de sus componentes destacados se han desligado de la organización, posiblemente, porque habrán entendido que el colectivo no cumple con los fines marcados desde el principio.Sobre todo, se percibe que sus actuaciones van encaminadas solamente a perseguir a un empresario y emprendedor lanzaroteño, por sus obras de alta calidad como Bodegas Stratvs y el Hotel emblemático Princesa Yaiza, en Playa Blanca. Es que llama la atención su “Acusación Popular” estricta y obsesiva contra el empresario lanzaroteño que, gracias a su mente prodigiosa, ha sabido crear obras emblemáticas y dar empleo a cientos de familias de la isla. Es cierto que la Moratoria turística, dictada por el Cabildo, provocó mucho lío jurídico en zonas turísticas, como Playa Blanca y Costa Teguise, ya que afectó a 19 infraestructuras hoteleras, con proyectos avanzados que tuvieron que ejecutarse, urgentemente, los planes, por la precipitada aparición del instrumento moratorio. Pero esto es otra historia. Yo solo quería exponer que la “Acusación Popular” es una figura que se puede, fácilmente, instrumentalizar y convertirse su uso en “perverso”, como la han calificado figuras políticas y jurídicas. Corresponde al Parlamento y al propio Gobierno español, esclarecer la figura jurídica citada, porque no está claro que sus actuaciones sean solamente la búsqueda de justicia y más cuando la propia Constitución se circunscribe al ejercicio por las personas de defender “sus derechos e intereses legítimos”, pero no queda definida que se permita acceder a un proceso ajeno a los propios intereses, por parte de grupos o asociaciones que buscan, como se está demostrando, lucrase de forma ilegítima que, muchas veces, se convierte en pura delincuencia, contrarios al buen ordenamiento jurídico. Por algo será de la inexistencia de dicha figura jurídica, en la mayoría de los países europeos occidentales y con democracia avanzada.