PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

¡Por fascistas!

Francisco Pomares

 

 

Santa Cruz de Tenerife recurrirá el catálogo de vestigios franquistas elaborado por el Gobierno de Canarias, por centrarse exclusivamente en la capital tinerfeña. El alcalde chicharrero ha aclarado que el ayuntamiento cumplirá la ley de Memoria Histórica, y que quien no la cumple es el Gobierno, que debería haber elaborado y aprobado el catálogo para toda Canarias, y no sólo para Santa Cruz. Eso es cierto, pero también lo es que la ley no establece con claridad que ir aprobando a plazos el catálogo, como se ha comprometido a hacer el Gobierno, sea algo ilegal. Después de 44 años de Democracia, ya va siendo hora de cerrar de una vez este capítulo. Es algo que se les debe a las familias de los muertos y represaliados del franquismo, una cuestión de justicia que se arrastra desde hace muchos años. Curiosamente, cuando Bermúdez estaba en la oposición a Patricia Hernández, el hoy alcalde exigió –sin éxito- el inmediato cumplimiento de las medidas presentadas en el informe sobre Memoria Histórica. Hoy son los socialistas quienes lo piden.    

 

Porque en este asunto, como en tantas otras cuestiones ideológicas que polarizan a la gente, Santa Cruz está metida en una curiosa encrucijada: desde el inicio de la Democracia, la izquierda sólo ha gobernado la ciudad durante año y medio, y a ninguno de sus alcaldes ha parecido importarle mucho que la ciudad mantuviera una considerable proliferación de simbología franquista en los espacios públicos, menciones a ilustres del régimen en el callejero y otros excesos. Si el gobierno municipal, como se hizo en tantísimas ciudades cuando tocaba, hubiera optado durante los ochenta, por una limpia más intensiva de esos excesos, eliminando los nombres más comprometidos, además de resignificar –espantosa palabreja- los espacios públicos más significados por la Dictadura, probablemente no tendríamos hoy que desmontar media ciudad para cumplir con el catálogo.

 

Un catálogo exhaustivo que establece la obligación de retirar 79 símbolos o vestigios franquistas, basado en una interpretación milimétrica del también exhaustivo informe de tres mil páginas elaborado por los profesores Maisa Navarro, Ricardo Guerra Palmero y Yolanda Peralta, precisamente por encargo del alcalde Bermúdez durante su pasado mandato. El informe técnico sobre en el que se basa el catálogo es un excelente trabajo académico, con el que se puede estar o no de acuerdo o estar de acuerdo en algunas partes y en otras no tanto. Pero este país vive instalado en un maximalismo que a veces podría confundirse con rabia furiosa: opinar públicamente que a estas alturas es bastante absurdo cambiarle el nombre oficial a La Recova nueva -Nuestra Señora de África-, o retirar los leones del Puente Serrador, supone aceptar una instantánea descalificación como fascista, un riesgo que la mayoría prefiere no asumir.

 

Puedo estar equivocado, pero yo creo que en el espacio público el paso del tiempo logra resignificar algunas cosas: porque parece probable que al mercado central de Santa Cruz se le pusiera ese nombre porque era el de la mujer del General Serrano, aunque la mayoría de los chicharreros estarían dispuestos a jurar que el mercado toma el nombre no de la ilustrísima generala, sino de la patrona de Ceuta, de la que en la entrada, frente a una imagen de La Candelaria, se encuentra una pequeña talla. Y probablemente los leones del Puente Serrador no representan hoy -para la mayoría de los chicharreros- un vestigio franquista. Son una copia en bronce de los leones del monumento pétreo del siglo XVIII que está en el Puerto de los Leones de la sierra de Guadarrama. Los colocaron en el Puente conmemorando la victoria del que después sería capitán general de Canarias e iniciador del puente –el entonces coronel Serrador- en la toma del Puerto, durante la Guerra Civil. Los pobres leones no tienen la culpa de haber sido puestos allí, y tampoco la tendrán cuando los quiten y los pongan a criar polvo en un almacén municipal. Por fascistas.

Comentarios (1)