¿Privatizar la explotación de la restauración de los Centros Turísticos?
Por Antonio Coll
Sin lugar a dudas el cambio de época, en la que estamos inmersos, simplifica que en el futuro ya nada será igual. Hago estas reflexiones por la huelga controvertida en la empresa pública Centros Turísticos, iniciada el 15 de agosto. El ejercicio del derecho a huelga de empleados públicos está reconocido por Ley y no tengo nada que objetar; con quince días de preaviso. Pero si hay muchos sectores de la sociedad lanzaroteña que entiende que en el contexto laboral y social, la mayoría de los 300 trabajadores del ente público poseen un convenio colectivo altamente cualificado, superando con creces el convenio de hostelería y restauración, en el ámbito privado. Sin querer cargar con datos los conceptos retributivos individualizados, si puedo exponer, aún sin confirmación oficial, que el coste mensual, solo en sueldos directos asciende a 1.7000.000 euros que significa el 54% de los ingresos brutos de los Centros. Hay que añadir cuatro pagas extraordinarias, bolsa de vacaciones y otros conceptos no dineral. Por eso resulta difícil el inicio de una huelga por argumentos aún no muy clarificados, ni por parte sindical ni oficialmente, pero si sabe que no tiene peso suficiente para convocar un paro, en pleno mes de agosto, con altas repercusiones negativas para la economía e imagen de Lanzarote.
Algunos sectores empresariales, como la CEL y portavoces del partido en el gobierno, Coalición Canaria, han calificado la huelga como un instrumento político y partidista, con el objetivo de enturbiar la imagen del presidente Pedro San Ginés. El nacionalista Luis Arráez, en una reciente rueda de prensa, manifestó no entender como el PSOE, integrado en el grupo de gobierno insular, haya solicitado un pleno extraordinario para abordar la huelga, cuando poseen todo tipo de información de las causas de la misma. Dice Arráez que “nos parece gravísimo que el PSOE solicite explicaciones cuando conoce perfectamente la situación y además es cómplice de convenios leoninos que en su tiempo firmó y que con su nefasta gestión, llevó en dos ocasiones a la quiebra a los CACT's”. Recordamos que se habló en aquella época de 20 millones de deudas. Hoy en día, con una gestión profesionalizada que se inició con Astrid Pérez y siguió Pedro San Ginés, los Centros se están recuperando y se abona puntualmente todos los compromisos adquiridos, en aspectos laborales como los canon a los ayuntamientos. Por su parte, el presidente empresarial, Francisco Martínez ha declarado que lo más idóneo “es que vaya el comité de empresa de los Centros al Juzgado de los Social, pero nunca a la huelga”.
Solo he expuesto algunas pinceladas de la situación actual, pero lo que me preocupa es el futuro. Y para ello existe la necesidad de pensar y debatir el modelo de explotación de los bares y restaurantes de los Centros Turísticos. Diagnósticos de expertos, en la gestión de empresas públicas y privadas, apuntan dibujar una política empresarial, en el sentido de que en un futuro, la explotación de la restauración de los Centros, sea llevada, después del concurso público correspondiente, por iniciativa privada. Naturalmente, para consolidar este sistema, habría que resguardas los derechos adquiridos por los empleados públicos, no funcionarios, y con el paso de los años, después de las correspondientes jubilaciones y prejubilaciones, asentar, paulatinamente el citado modelo de privatizar la explotación de la restauración. Este sistema alternativo no estaría a expensas de los partidos políticos que gobiernen la primera institución de la isla. Las experiencia del pasado es muy significativa y penosa para no cometer más errores y poner en peligro la existencia de los CACT's y tener que sobrevivir de los presupuestos generales del gobierno insular, circunstancia catastrófica para los intereses generales de la isla. Los Centros Turísticos bien gestionados son rentables y aportan economía para todos los habitantes de la isla. Entiendo que es una transformación profunda en el contexto social y económico, pero es un nuevo escenario totalmente óptimo para unos de los motores económicos de Lanzarote. Adaptarse a los tiempos es también consolidar el estado de bienestar y el bien colectivo.
