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Sentencia contra la huelga salvaje

 

Por Antonio Coll

 

El Juzgado Nº 3 de lo Social de Arrecife ha dictado sentencia  contra la demanda judicial del Comité de Empresa de los Centros Turísticos, por lo que ha desestimado las veinte primeras denuncias interpuestas por los trabajadores  contra la dirección de los CACT,s.  En su día,  ya se advertía que la huelga, calificada por “salvaje” iba a tener poco recorrido ya que el contradictorio “complemento” que exigía el Comité de Huelga ya lo habían recibido los trabajadores, como ahora la propia Justicia ha dictaminado: “Los trabajadores no tienen derecho a cobrar dos veces por el  mismo concepto”. 

 

Como bien es sabido, la huelga se mantuvo entre el 15 de agosto hasta el 3 de Septiembre del 2017, en pleno periodo vacacional de verano, lo que originó importantes pérdidas económicas al Cabildo de Lanzarote, a empresas privadas,  cooperativa de Taxis de Arrecife, guías turísticos privados y, sobre todo, significó dañar la buena imagen turística de la isla. Catalogué en su día  “la huelga de la sinrazón” porque era contradictoria, prepotente y confusa.  Además, en la huelga no se cuestionaba los derechos laborales de los trabajadores, simplemente se trataba de una reclamación dineral, encuadrado en “complementos” que la propia dirección de los Centros, insistía que ya se había abonado y que el juez de lo Social así ha corroborado.

 

En muchos sectores de la sociedad, se insinuaba que la huelga tenía un trasfondo político, con la cúpula del PSOE como protagonista estelar para desgastar la figura del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés y provocar una crisis político-institucional, con el objetivo de presentarle una moción de censura. La ruptura del pacto CC-PSOE,  en el grupo de gobierno del Cabildo, propiciada por los socialistas,  desvelaba,  a todas luces,  las intenciones irresponsables  del  PSOE  y  otras formaciones políticas,  con el fin de conseguir el acuerdo de 12 consejeros para instrumentalizar la moción.  Finalmente, la utópica alternativa no se pudo llevar a cabo porque ni había timón ni suficiente combustible para llegar a un buen “puerto” como ya se anunciaba en distintos foros políticos y mediáticos. 

 

El mayordomo agitador

 

Esta legislatura,  a menos de 13 meses para finalizar, ha sido muy inestable, en el Cabildo, por la torpe gestión llevada a cabo por distintas fuerzas  políticas, encabezadas por un PSOE ambiguo y otras, como  Podemos y Ciudadanos. Estos dos últimos partidos, que se califican como “mareas” del cambio, solo han reflejado, como Oposición, inmadurez y acciones que se encuadra más en el ámbito de la psiquiatría que el meramente político. Es el caso, por ejemplo de un consejero, por ahora, de Podemos.

 

 Ya muchos le llaman el “mayordomo agitador”  de un ente cultural fundacional que lleva años obsesionado por las emblemáticas obras del empresario lanzaroteño, Juan Francisco Rosa. El político podemista que cuenta con una web digital, supuestamente subvencionada por la citada  organización, solamente gasta su energía para intentar desprestigiar a empresarios y determinados políticos y periodistas que no “bailan”  al ritmo de sus enfermizas y obsesivas ideas. Por ahora,  solo está consiguiendo, digo el consejero,  poner por los suelos la credibilidad y el prestigio que,  en su inicio, tuvo el ente cultural que lleva el nombre de un artista universal. El hecho tiene suma importancia porque el ente cultural, teóricamente, representa la obra patrimonial realizada por el artista,  sobre todo,  en los Centros Turísticos de  Lanzarote.  En este sentido, debería cuidar las buenas prácticas, la reputación social y la credibilidad.

 

Meterse en política y propiciar conflictos,  con acciones amenazadoras y perseguidoras, desde hace tiempo,  se ha convertido en insoportable presión que en nada le beneficia. Corresponde a la figura llamada Protectorado, cuya competencias pertenecen  a  la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias,  comprobar si dicha institución,  sin ánimo de lucro y sin ocupación de cuestiones políticas, como establece las leyes,  cumple,  en todos sus términos,  los objetivos establecidos en  sus estatutos, además de comprobar si existe opacidad en sus cuentas económicas anuales que deben de ser,  obligatoriamente,  transparentes y públicas. Porque una fundación no es una sociedad mercantil, un partido político o un medio de comunicación privado. Cuando, de forma opaca,  juega a la ambigüedad, a actuaciones  manipuladoras  y sus procederes no son correctos, la credibilidad se destruye con velocidad. Pero el espacio termina y será  una cuestión en la que me ocuparé en otras entregas, si continua con las mismas directrices agitadoras, aunque sea a través de terceros. Intermediarios y mercenarios, en definitiva.  

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