Sistema electoral canario: nueva oportunidad perdida
Francisco Pomares
Se trata de un asunto que no interesa casi a nadie, pero es importante. Por mandato estatutario, el Parlamento de Canarias tenía el encargo -y la obligación- de aprobar un sistema electoral de acuerdo con lo que establece la actual Disposición Adicional primera del Estatuto, en la que se mandata a la Cámara a aprobar una ley electoral definitiva en el plazo de tres años desde la entrada en vigor –en noviembre de 2018- del Estatuto reformado.
El Parlamento debatió ayer en plenario por primera vez sobre este asunto, no ya con retraso, sino completamente fuera de plazo: la ley tenía que estar aprobada desde el pasado 4 de noviembre, porque ese día concluyó el límite establecido para su entrada en vigor. No hay que sorprenderse de que no haya ocurrido así: Sus Señorías no suelen tomarse muy en serio el cumplimiento de lo que ellos mismos se marcan. Uno diría que sería mejor que no se autoimpusieran plazos que luego no son capaces de respetar, pero les encanta hacerlo: cada vez que se aprueba un proyecto o una ley, lo primero que se hace es incorporar deadlines por todo el articulado, para luego hacer un ridículo bochornoso. Y en esta ocasión, doble ridículo: no sólo no han cumplido con el plazo marcado por la Adicional primera del Estatuto, sino que al final lo que han hecho es mantener el mismo sistema que había. Para tal viaje sobraban las alforjas de tres años de espera.
El Estatuto de 2018 estableció que “hasta tanto no se apruebe la Ley electoral prevista en el artículo 39 del presente Estatuto” algo que había que hacer en un plazo no superior a tres años, se fijaba en setenta el número de diputados del Parlamento, 61 distribuidos por circunscripciones insulares, más otros nueve escaños asignados a la circunscripción autonómica de Canarias.
Teóricamente, la presión para modificar el sistema original de ‘triple paridad’ en un Parlamento de sesenta diputados, venía de la necesidad de evitar que un diputado herreño costara en términos de votos 15 veces menos que uno de Tenerife. Tras años de debates sobre el exceso de representación y poder de las islas menores, o sobre la influencia del sistema electoral de la ‘triple paridad’ en la creación de vicios insularistas en todos los partidos, al final, el cambio se limitó a crear una mínima lista regional de tan sólo nueve diputados, que representa menos de la séptima parte del total de la Cámara. Por supuesto, eso no sirvió para reequilibrar la desproporción, aunque sí se resolvió el que una isla con mayor población –Fuerteventura- tuviera menos representantes en la cámara que otra con menos –La Palma-.
En realidad, el aumento de diputados para lo que sirvió fue para que los partidos pudieran pagar más sueldos. El aumento de diputados fue acompañado de falsedades obvias pero suficientemente repetidas como para que mucha gente se las tragara: por ejemplo, que mantener diez diputados más no costaría más dinero, o que esos diez diputados resolvían el problema de la falta de proporcionalidad. Todo el mundo asumió que se trataba de una solución urgente y de mínimos, un compromiso de partidos que no resolvía mucho, y por eso se decidió darle un carácter provisional al sistema, encomendando a una futura ley electoral su mejora. Una mejora que no se va a producir. De los setenta diputados de la cámara, 69 firmaron un compromiso previo a la votación de ayer, que mantiene el actual modelo sin modificación alguna. Únicamente se pronunció contra ese acuerdo la diputada Espino –ahora sin partido-, partidaria de que el Parlamento reduzca el número de diputados por debajo incluso de los sesenta que tenía antes de aumentarlos a setenta, hasta los 56. Tres años después, y sin debate público alguno, Sus Señorías han aprobado por práctica unanimidad mantener el sistema. Otra oportunidad perdida, otra más, para reducir la nómina política de esta región y hacer una ley electoral que permita un reparto más justo y equilibrado de la representación política.
