Sobre la lava reciente
Francisco Pomares
El Parlamento de Canarias convalidó ayer, en un pleno extraordinario, el primero de los cuatro decretos para la reconstrucción de La Palma. La aprobación se produjo con el voto a favor de los partidos que forman el Gobierno más Vox, y la abstención del PSOE y Nueva Canarias. En la política actual lo que cuenta si estás en la oposición, es votar en contra de lo que propone el Gobierno. Socialistas y canaristas habían votado a favor del mismo texto en la Comisión parlamentaria que trató el decreto –la de Cabildos-, pero en el pleno se abstuvieron surrealistamente. Aunque no votaron en contra: hacerlo habría resultado muy difícil de vender en La Palma.
El decreto –centrado en los aspectos urbanísticos de la reconstrucción- es el primero de los cuatro que aprobará el Parlamento –faltan los relativos a Agricultura, Vivienda y reactivación de la actividad comercial e industrial en el Valle de Aridane-, y que darán paso a la denominada Ley de Volcanes, que llegará al Parlamento en febrero. El decreto convalidado ayer permite reconstruir (o construir ex novo) en El Paso, Los Llanos y Tazacorte, viviendas destruidas por la colada, y destinadas a uso residencial, incluyendo viviendas vacacionales, tanto si las edificaciones estaban en el momento de su destrucción total o parcial en situación legal o fuera de ordenación.
En el texto convalidado se establece que la parcela mínima para poder construir debe tener como mínimo 500 metros cuadrados, y sólo se podrá construir en las zonas donde la colada tenga menos de diez metros de grosor, con edificaciones de una única planta. Si las parcelas se encuentran en suelo rústico de asentamiento, se podrán levantar dos plantas. El decreto no dice qué pasará con las viviendas que se encuentren sepultadas por más de diez metros de colada…
Si se reconoce a los afectados y sus descendientes el derecho de propiedad sobre las parcelas arrasadas o sepultadas por la lava y a ser compensados por el valor de lo perdido. El Gobierno dispone este año, para sufragar esas compensaciones, de 150 millones de euros, de los que el Estado aporta cien. Además se permite trasladar las viviendas a otros municipios de la isla, se trate de primeras o segundas viviendas, o viviendas vacacionales. Éste ha sido precisamente uno de los asuntos que han provocado más radicalidad en la crítica de la oposición. La palmera Alicia Vanoostende, ex consejera de Ángel Víctor Torres, llevó la voz cantante al afirmar que con la aprobación del decreto se anula toda planificación urbanística previamente existente, no solo para la residencia habitual sino para segundas viviendas o vacacionales, incluso si esas viviendas destruidas habían quedado fuera de los planes de ordenación. Vanoostende consideró que esa decisión se debe a “la cultura del pelotazo propia de la derecha canaria”.
El argumento puede defenderse, aunque una cosa es decirlo y otra votar en contra. Pero el decreto –sin duda técnicamente mejorable, y es deseable que se mejore en la tramitación parlamentaria de la Ley de Volcanes- parece lejos de buscar el enriquecimiento de nadie, o de fomentar la cultura del pelotazo. Lo que se pretende es evitar que los propietarios cuyas viviendas se dedicaban a primera residencia, reciban un trato diferente al del resto de los propietarios. La idea que se propone es que ningún afectado se quede sin recibir ayuda. Probablemente esa ayuda sea más necesaria para quienes residían en las viviendas destruidas, que para quienes las destinaban a segunda residencia o a alquiler vacacional. Pero sería discriminatorio y probablemente injusto compensar exclusivamente la perdida causada por el volcán a la vivienda ocupada
Si hay que buscar defecto al decreto –y yo creo que alguno tiene- no es lo que Vanoostende censura, sino justo lo contrario, la decisión de facilitar por la vía de compensación los reasentamientos en la zona arrasada. Es verdad que es difícil enfrentarse al deseo de centenares de familias de volver a residir donde estuvieron sus casas, aunque sea unos metros más alto, y es ciertamente poco probable que en un tiempo próximo –no geológico- vaya a producirse una nueva erupción en la zona. Pero no es imposible. La consejera Barreto, defensora de toda la letra del decreto, explicó que con él se marca la senda legislativa para todos los canarios que sufran en el futuro las consecuencias de una nueva erupción. Y que –aunque no puede saberse dónde y cuándo se producirá y cuál será su dimensión- “la habrá”, dijo dramáticamente. Es cierto: habrá nuevas erupciones, aunque con un poco de suerte a lo mejor nos cogen calvos del todo a los que hemos vivido ésta.
Entre el pesimismo y el realismo, la consejera se contradice: si llegarán nuevas erupciones, quizá habría sido inteligente desincentivar el construir justo en el camino de la lava reciente.
