Subvenciones
Por Francisco Pomares
Hace unos meses, cuando se anunció la subvención del cien por cien al transporte de mercancías en Canarias, escribí en esta misma tira que me parecía un verdadero dislate: una cosa es facilitar la reducción de los costes que supone la lejanía y la insularidad, y otra muy distinta ofrecer patente de corso a las empresas para que se tumben a la bartola. Ayer, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitió un informe sobre el sistema de ayudas al transporte de mercancías, y recomendó que esas subvenciones utilicen como referencia para su cálculo los costes de una empresa eficiente, y no la media ponderada del coste de todas las empresas, que es muy superior.
El Gobierno de Canarias reaccionó ante esta más que razonable petición del organismo regulador poniendo el grito en el cielo, y agitando de nuevo la bandera de la incomprensión y el maltrato. Pablo Rodríguez, vicepresidente del Gobierno, explicó que el Gobierno no va a renunciar "nunca" a "defender las compensaciones" porque "no son ayudas", sino un mecanismo para reducir el coste de la cesta de la compra o para mantener el sector industrial canario en condiciones de competitividad con el resto de España y la UE. La segunda de las explicaciones es directamente bochornosa: el sector industrial canario representaba en 2016 el 7,1 por ciento del PIB, de los que las manufacturas industriales solo suman el 3,3 por ciento. La subvención al transporte de mercancías no está hecha para salvar un sector prácticamente en extinción en los últimos años, sino para sostener el consumo en igualdad de condiciones con el mercado único peninsular. Nadie debería discutir la lógica solidaria de que los alimentos, la ropa y otros productos de primera necesidad no se vean afectados por unos fletes disparatados. Pero es que lo que plantea la CNMC no es eso. Lo que pide es que la subvención al transporte no sirva para perpetuar una administración poco diligente de las empresas transportistas, y para enjugar los gastos desproporcionados en los que algunas incurren por mala gestión o ineficiencia.
Las subvenciones deben servir para que la cesta de la compra cueste menos (a pesar de las subvenciones sigue siendo la más alta de España) y no para que los malos empresarios puedan seguir siéndolo "sine die", con cargo a la solidaridad nacional.
Al socaire de una situación política en el Congreso muy parecida a la del "diputado 31" en el Parlamento de Canarias, cuando un representante de isla menor podía bloquear los presupuestos si no se le construía un túnel o un puente innecesario, Canarias ha logrado consolidar un conjunto de canonjías y privilegios que deben responder a la justicia y no a la oportunidad. Conviene recordar que ningún privilegio es permanente, y que no todas las subvenciones son sensatas. Si no sirven para lo que han sido pensadas, sino para mantener estructuras empresariales insostenibles, o para hacer más ricos a quienes las reciben, acaban por perder su justificación social, y se convierten en la puerta que abre el rechazo a todas las ayudas. Incluso a las que sí son de verdad necesarias.
¿Alguien cree que es razonable subvencionar el cien por cien de los costes de transporte a empresas mal gestionadas? ¿Y qué debe hacerse de una sola vez y con una liquidación a final de año, como una lotería de Navidad ajena al movimiento económico de la empresa? Yo creo que no. Y creo que Europa acabará por ver lo mismo que ha visto la CNMC. Mejor rectificar a tiempo. Antes de correr el riesgo de sufrir un efecto dominó que acabe con las ayudas que recibe Canarias.
