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Un decreto mal redactado

Francisco Pomares

 

 

La Guardia Civil remitió ayer a la Delegación del Gobierno en Canarias y a Aviación Civil, las dos entidades competentes en materia de seguridad aérea, el atestado incoado a Iberia Express por incumplir las normas de distancia social para prevenir contagios entre los pasajeros. El vuelo denunciado fue operado por la compañía el domingo desde Madrid a Gran Canaria, y en él, de acuerdo con los vídeos realizados por algunos viajeros y remitidos a las redes sociales antes del despegue, se aprecia con claridad que la alta ocupación impedía mantener la distancia entre los miembros del pasaje.

 

Tras conocer por las redes y el mismo domingo lo que estaba sucediendo, la Guardia Civil decidió intervenir en el aeropuerto grancanario: esperaron que se produjera el aterrizaje del avión, para comprobar los hechos denunciados en twitter y facebook. Los pasajeros fueron sometidos a control de temperatura, y se les pidió la declaración responsable que se exige para poder viajar, además de comprobar la ocupación del vuelo, superior al setenta por ciento y solicitar información sobre lo ocurrido. Los viajeros explicaron los momentos de tensión vividos en Barajas, cuando varios de ellos protestaron por considerar que el avión iba demasiado lleno, y exigieron la presencia de la Guardia Civil, petición que no fue atendida: la tripulación les recordó que quien no quisiera volar era libre de bajarse, y el comandante fue categórico al garantizar por megafonía que la compañía cumplía la normativa, y -dicen los pasajeros que dijo- "permite una ocupación del cien por cien".

 

 

Esa es -y hay que lamentarlo- una interpretación posible: el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, vigente hasta la 24 horas de la noche de ese domingo, no establece el porcentaje de ocupación obligatorio y se limita a pedir que las compañías procuren la máxima separación posible entre los pasajeros, sin explicar cuál debe ser esa separación máxima, ni con qué ocupación puede lograrse. Las compañías han entendido que si no hay límite de ocupación, lo que se pide en el decreto es que se distribuya al pasaje en el espacio sin ocupar, salvaguardando "lo posible" la distancia social. Cuando un decreto incorpora un concepto como 'lo posible', deja sin duda lugar a algunos equívocos.

 

 

Si el escándalo por un evidente fallo en la regulación y aplicación de las reglas de distanciamiento en los vuelos no había saltado ya antes, es porque la ocupación comenzó a aumentar al acercarse algunas comunidades -Baleares y Canarias, fundamentalmente- a la Fase 1, y decidir muchas personas abandonar su residencia provisional para regresar a las islas. Por eso, el mismo 10 de mayo, día del incidente, el BOE publicó una orden corrigiendo la indefinición del decreto y estableciendo que la oferta de plazas no podrá superar la mitad de la capacidad del avión. La orden entró en vigor ayer lunes, cuando el vuelo de Iberia Express ya había aterrizado. Políticos, partidos e instituciones se han apresurado a exigir que algo así no vuelva a ocurrir. Con la orden actual no debería pasar, pero -por desgracia- con el decreto sin modificar en vigor hasta la medianoche del domingo al lunes, es poco probable que las denuncias prosperen?

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