Un Parlamento penoso
Francisco Pomares
Canarias no se merece el Parlamento que ha soportado estos últimos tres años y medio. Un Parlamento del que apenas se ha escuchado su opinión en las ocasiones en las que la oposición podía derrotar al Gobierno y montar alguna divertida carajera. La reprobación de la consejera de Asuntos Sociales, por ejemplo, la guerra en torno a la Ley del Suelo, o el desentendimiento sistemático de las funciones y competencias que la ley (mala ley, por cierto) le atribuyó al Parlamento en materia de televisión. Ya no nos acordamos de la bronca parlamentaria a cuenta de la adjudicación del contrato de la tele, resuelta por su nuevo responsable, José Carlos Naranjo, haciendo que el Ente asumiera al personal de la tele, y repartiera los dineros de producción entre los medios díscolos, ahora bastante muditos. Un Parlamento como el de Canarias, que al año y medio de legislatura tenía a las dos terceras partes de los diputados instalados en la oposición, y sin embargo ha sido incapaz de tumbar al Gobierno en minoría de Clavijo. Un parlamento instalado en el griterío y el insulto, la provocación y el postureo, pero que no ha ofrecido nada de verdadero interés más allá de intervenciones deslenguadas. Un parlamento que es hoy mucho más caro que hace cuatro años, que ha subido los sueldos de Sus Señorías, pero no sólo los sueldos, también ha ampliado el número de diputados, con una reforma electoral tan, pero tan inútil a los efectos que se perseguía, que ahora resulta que la mínima lista regional propuesta no la quieren usar para el que debiera ser su objetivo -votar a los líderes regionales en todas las islas- más que los dos partidos mayoritarios. Un parlamento, en fin, que se ha ahogado en su incapacidad para resolver con iniciativas legislativas de calidad los problemas a los que se ha enfrentado. Un parlamento incompetente, que aprueba una ley de Deportes que ya hay que cambiar porque se les coló a todos el disparate de que las sanciones deportivas no sean aplicables si se recurren, y hasta que haya pronunciamiento sobre las mismas. Un parlamento que intentó regular el alquiler vacacional convirtiéndolo en el asunto central de la Ley de Turismo, después de haberlo intentado sin éxito y por decreto el Gobierno, en la pasada legislatura.
El proyecto de Ley de Turismo que salió de la comisión parlamentaria, básicamente articulado por Nueva Canarias, pero apoyado por el PSOE y Coalición, recibió tal varapalo del Consejo Consultivo, que los diputados proponentes tuvieron que echarse atrás. Y es que la normativa propuesta por la comisión regula competencias nacionales que no corresponde regular a Canarias, es imprecisa y puede provocar situaciones de inseguridad jurídica en la que empresas y dueños de viviendas no sepan a qué atenerse, con disparates como la pretensión de que los inmuebles destinados a alquiler vacacional se regulen al margen de la normativa sobre arrendamientos urbanos, obviando que el Parlamento regional no tiene ni autoridad ni competencia para modificar esa ley. El tono del dictamen del Consultivo refleja el deterioro de la calidad parlamentaria, ese deterioro que espanta a los últimos diputados preparados y sensatos -el adiós de Ruano es sintomático- y regala tribuna y foco a los más vocingleros y levantiscos. Ninguno de ellos parece haber percibido el ridículo que supone el dictamen del Consultivo: una reprimenda en toda regla a un grupo cada vez más dominante de diputados sin preparación jurídica ni voluntad de tenerla, que ni se saben la Constitución, ni quieren saber de leyes, y a los que lo único que les motiva es mantenerse en el escaño.
