Un punto de soberbia
Francisco Pomares
La Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias respaldó ayer el trámite parlamentario del proyecto de ley ha de definir el marco jurídico de alerta sanitaria, y las medidas para el control de la pandemia en las islas. El dictamen fue aprobado por los grupos que sostienen el Gobierno, entre críticas de la oposición parlamentaria, que recordó en todo momento el rechazo del Consejo Consultivo, que consideró inconstitucional al decreto del que procede este texto, por contener artículos que vulneran derechos fundamentales. Para la oposición, el Gobierno no ha hecho el más mínimo esfuerzo por modificar los aspectos rechazados por el Consultivo, lo que indica que la ley probablemente acabará tumbada por en los tribunales.
En realidad, a estas alturas, quizá eso sea lo de menos, sumar otro varapalo jurídico más a los reiteradamente sufridos por el Gobierno de Canarias, tras suspender el de la nación el Estado de Alarma y dejar a las Autonomías sin recursos legales para amparar sus medidas contra el Covid. Lo más absurdo del proyecto que recibió ayer el visto bueno para ser tramitado por el Parlamento, es que está completamente desfasado y obsoleto antes siquiera de nacer. Probablemente acabe por convertirse en otra ley de escasa calidad que los tribunales acabarán tumbando. Al Gobierno de Canarias eso parece no importarle. Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, admitió incluso que parte de los artículos de la futura ley “limitan derechos fundamentales”. Supongo que ese reconocimiento debiera haber sido suficiente para replantearse aprobar el dictamen sin introducir cambios, pero Campos recordó que la Constitución permite esas restricciones cuando se producen situaciones que ponen en peligro la vida, como ocurrió durante la pandemia. La cuestión aquí es si la mayoría del Parlamento de Canarias tiene competencias y potestad para establecer limitaciones constitucionales. Entre ellas, plantear la obligación ciudadana de aceptar someterse a las pruebas diagnósticas que decida el Gobierno, o a vacunarse, algo que parece muy osado imponer por decreto o ley de una Cámara regional. La diputada podemita María del Río recordó la ‘amenaza’ de Vox, al recurrir el decreto ante el Constitucional, lo que según ella demostraría “la forma de hacer política” de la ultraderecha. No sé yo si estuvo muy acertada en la crítica: entre acudir al Constitucional o intentar tomar el Congreso, yo creo que es más moderado lo primero y más ultra lo segundo…
En fin, yo creo que vivir situaciones de excepcionalidad requiere a veces aceptar soluciones o respuestas excepcionales. En medio de los peores momentos de la pandemia, uno puede entender cierta laxitud interpretativa de lo que son los derechos ciudadanos, fruto del pánico o de la necesidad. Lo que parece asombroso es que el mismo Gobierno que anuncia feliz que este verano podremos celebrar los carnavales sin mascarilla, o hace truquitos de prestidigitación o trilerismo con los niveles, según le convenga, insista en aprobar porque sí una ley que ni va a tener carácter retroactivo, ni va a servir para justificar ninguno de los disparates del pasado. Es absurdo que se empeñen en hacer nacer con los pies de barro una ley que pudiera seguir siendo necesaria.
Porque la pandemia no se ha acabado, sigue matando gente, y además mucha gente. Frente a ese hecho innegable, ocurre que nos hemos acostumbrado a vivir con ella, y además después de dos años sabemos que no se puede seguir sosteniendo eternamente la feria con dinero público. Si el Gobierno regional fuera algo menos altanero, soberbio y sobrado, probablemente optaría por buscar consenso en este asunto. Sería inteligente evitar la confrontación con la oposición cuando se trata de derechos fundamentales. Pero el nuestro es un Parlamento donde lo de parlamentar (ponerse de acuerdo) no está bien visto. Mejor tirar de mayoría y ya si eso nos vemos en el Constitucional.
