Canarias reclama en el Constitucional al Estado las competencias de Costas
El Consejo de Gobierno reacciona así a la decisión ministerial que decreta la caducidad de la concesión del Oliva Beach
El Consejo de Gobierno, celebrado este lunes en la sede de Presidencia del Ejecutivo autonómico, ha acordado, a petición de la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, el inicio de un procedimiento jurídico para reclamar al Estado las competencias exclusivas de la comunidad autónoma de Canarias en materia de Costas, tras el malestar que ha causado la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y que insta al levantamiento y retirada del dominio público marítimo-terrestre del Hotel RIU Oliva Beach y sus apartamentos, localizados en pleno Parque Natural de las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura, tal y como publica Tiempo de Canarias.
El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, compareció en rueda de prensa para dar cuenta del acuerdo alcanzado destacando que “es la primera vez que se dicta una resolución que supone una injerencia en nuestras competencias en materia de Costas y por eso iniciamos este camino jurídico ante el Constitucional para intentar defender lo que entendemos que son nuestros intereses como comunidad autónoma en todos los aspectos que afectan al litoral”.
En este sentido, Cabello no cree “que esta medida adoptada por el Consejo de Gobierno suponga la parálisis del expediente que está en marcha –refiriéndose a la resolución del Ministerio de Transición Ecológica que ordena la demolición del Hotel y Apartamentos RIU Oliva Beach, al declarar la caducidad de la concesión para la ocupación y aprovechamiento de dominio público marítimo-terrestre–, aunque habría que hacer la consulta a los servicios jurídicos del Ejecutivo regional”.
El Gobierno basa su decisión considerando “que el archipiélago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público”. Y este incluye “la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo todas las concesiones sobre dicho espacio, sin distinción alguna y sin reserva legal de competencias a la Administración general del Estado en esta materia”.
Por lo tanto “el Gobierno canario no reconoce la competencia legal del Ministerio para la Transición Ecológica para dictar la resolución de 27 de febrero de 2024, por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial a la entidad mercantil Geafond Número Uno Lanzarote, S.A”. Además, “la Comunidad Autónoma solicita actuar, de igual modo, en cualquier otro expediente en materia de gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente en el otorgamiento de autorizaciones y concesiones”.
Aún así, la Administración regional reitera “su voluntad para debatir y resolver las discrepancias y diferencias que la Administración General del Estado pueda tener sobre las competencias de la comunidad autónoma en materia de ordenación y gestión de litoral en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, prevista en el artículo 192 del Estatuto de Autonomía de Canarias”.
A este respecto, Alfonso Cabello quiso recalcar que el Gobierno de España, “a día de hoy”, no les ha propuesto “una fecha para celebrar esa reunión bilateral Canarias-Estado en materia de Costas”; y recordó que “el anterior Gobierno, presidido por el ahora ministro, Ángel Víctor Torres, había solicitado, hasta en dos ocasiones este encuentro que sigue sin concretarse”.
