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Canarias solicita al Estado más de 450 millones por la prórroga de los PGE

El Ejecutivo canario insiste en que no renuncia a los 327 millones pendientes de abonar con cargo a los PGE de 2018

 

  • Lancelot Digital
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    La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha anunciado este lunes, tal y como informa Europa Press, que el Ejecutivo va iniciar una ronda de contactos con los diferentes ministerios para solicitar algo más de 450 millones derivados de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

     

    En una rueda de prensa celebrada para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha señalado que la medida se ampara en un informe del Tribunal Cuentas que da luz verde a buena parte de la prórroga de las partidas tras nos prosperar en el Congreso la aprobación del proyecto de 2019.

     

    La consejera ha detallado que se trata de 322 millones de inversiones y un conjunto de subvenciones conformado por 94,6 millones para el descuento de residentes -"partida ampliable y que no corre peligro"-, 30 millones para la estrategia contra la pobreza ocho millones para el agua agrícola y 5 millones para la banda ancha, entre otras.

     

    Dávila ha comentado que los PGE de 2018 son "mejores" que los de 2019, por lo que su caída en el Congreso es una "buena noticia" para Canarias dado que se recupera la inversión media "y se eliminan las dudas" que había sobre las deducciones fiscales del REF.

     

    En esa línea, sostiene que la recuperación de los créditos debe ser "inmediata" porque el Gobierno, aunque esté en funciones, debe seguir "desarrollando su labor", por lo que espera "voluntad política" para que las partidas estén transferidas antes de las elecciones.

     

    Asimismo, ha vuelto a insistir en que el Gobierno canario no renuncia a los 327 millones pendientes de abonar con cargo a los PGE de 2018, y ha negado las cuentas del PSOE canario de que las islas pierdan 500 millones al no prosperar los presupuestos, dado que la subida del salario mínimo, las pensiones y el salario de los funcionarios están blindadas por decreto ley en el Congreso.

     

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