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Casi 335.000 canarios sufren exclusión social "severa"

Canarias es la única comunidad donde ha crecido la pobreza en los últimos cinco años y cerca del 30% de la población vive en situación precaria

 

  • Lancelot Digital
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    Unas 617.000 personas viven en exclusión social en Canarias, la única comunidad autónoma de España en la que ha crecido este problema en los últimos cinco años, al pasar del 28,6 % con el que terminó 2013 al 29 % actual, según el informe que realiza la Fundación Foessa para Cáritas.

     

    Y algo más de la mitad de todas esas personas, "unas 334.000, sufren exclusión social severa", un colectivo ha pasado de representar un 10,7 % de la población de las islas hace cinco años a suponer un 15,7 % durante el año pasado, ha explicado este jueves durante la presentación del estudio su coordinador del mismo, Guillermo Fernández, quien ha recalcado que se trata de un dato muy por encima de la media del resto del país.

     

    Según informa Efe, una persona en situación de exclusión social severa vive en una vivienda insegura e inadecuada, está desempleada de forma persistente o depende de un contrato laboral de precariedad extrema, y es invisible para los partidos políticos y parte de la sociedad, subrayan Cáritas y la Fundación Foessa.

     

    Este informe, el octavo que presentan ambas entidades, "es un relato del momento de incertidumbre en el que nos encontramos, de clara mutación social", ha explicado el coordinador para señalar que en él han participado más de 12.000 hogares de toda España.

     

    Uno de los datos positivos extraídos del informe es que el porcentaje de sociedad integrada, la que lleva una vida digna en términos materiales, ha pasado de ser el 26,1 % de la población en 2013 a ser el 40,1 %, habiendo aumentado en catorce puntos en el último lustro.

     

    "Si a este grupo se suman aquellas personas que están en espacio de integración, con alguna pequeña dificultad en el día a día pero con una vida digna, estaríamos hablando de que aproximadamente el 70 % de la población canaria estaría en una situación de integración, mínimamente digna", ha considerado de forma positiva Fernández.

     

    Sin embargo, se ha descubierto una cierta quiebra en la base de este gran grupo, donde existe un grupo de 250.000 personas que, aún estando en el espacio de la integración, se encuentra en una situación con una "tremenda inseguridad".

     

    Y ese grupo "será el primero en incorporarse al espacio de la exclusión social si se produce la tan anunciada desaceleración económica", ha alertado Fernández.

     

    El informe publicado por la Fundación Foessa en colaboración con Cáritas revela también que los tres grandes bloques de riesgos sociales en las islas son la vivienda, la salud y el desempleo.

     

    En las islas hay 117.000 hogares con gastos excesivos en sus viviendas, 105.000 en situación de insalubridad y 99.900 hogares inadecuados para su habitabilidad, además de otros 46.500 que viven sin contrato de arrendamiento, bajo amenazas violentas o con notificaciones de desahucio.

     

    Con respecto a la salud, el 12,8 % de la población isleña ha dejado de comprar medicinas y de seguir tratamientos o dietas por no poder acceder a ellos económicamente y, en empleo, el informe ha constatado que el 20,4 % de las personas que trabajan en el archipiélago vive en situación de exclusión social.

     

    "Una de cada dos personas trabajan, por lo que tener empleo no es garantía de integración", ha insistido el coordinador del estudio, quien ha concluido su intervención recalcando que "el 22,7 % de los hogares en exclusión están sustentados por personas de entre 30 y 44 años" y que cuatro de cada cinco personas que mantienen esos hogares canarios "son de nacionalidad española".

     

    Guillermo Fernández ha estado acompañado este jueves por los obispos de Tenerife, Bernardo Álvarez, y de Gran Canaria, Fernando Cases, y los directores de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, y de Tenerife, Juan Rognoni, quienes han instado a las administraciones públicas a "poner en marcha políticas para prevenir y acabar con la exclusión social" en Canarias.

     

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