El Grupo Mixto pide al Gobierno que cumpla la ley de dependencia con remuneraciones dignas
La portavoz, Vidina Espino, insiste en que el objetivo debe ser aliviar la carga a las personas cuidadoras y atender a las dependientes
La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha reclamado hoy al Gobierno que cumpla con la ley de dependencia porque es lo que permitirá ofrecer a las personas cuidadoras una remuneración digna en función del trabajo que realizan y no "ayudas insignificantes" como los 300 euros que el Gobierno les está dando actualmente. Si se cumple con esa ley, también se podrán poner en marcha los servicios especializados para atender a las personas dependientes. De no hacerlo -ha advertido la diputada- la situación seguirá siendo "injusta e insostenible".
En su intervención en el Pleno, Espino ha pedido al Gobierno que centre sus esfuerzos en tomar medidas efectivas y no tanto en seguir realizando estudios porque la prioridad es aliviar la carga a las personas cuidadoras y atender a las dependientes. "Las cifras ya las conocemos y confirman que la ley no se está cumpliendo", ha dicho la portavoz que ha recordado que el 80 por ciento de quienes atienden a personas dependientes son mujeres y que "miles de ellas se han visto obligadas a renunciar a su vida y a proyectos profesionales para cuidar a familiares dependientes".
Las cifras también dicen que en Canarias se tardan 900 días en atender a una persona que necesita ayuda a la dependencia y solo se llega a un 12 por ciento frente a un 25 por ciento que es la media nacional. Además, Canarias y Cataluña acumulan el 40 por ciento de las personas que están a la espera de recibir la ayuda. Ante esta situación, la diputada ha considerado necesario reorientar las prioridades del Plan Canarias te cuida para que se puedan cumplir realmente sus objetivos. "Las medidas que se han puesto en marcha no han mejorado, por ahora, la calidad de vida de las personas dependientes ni la de las personas que las cuidan", ha lamentado.
A Espino también le preocupa la falta de transparencia de este plan y que, desde el Gobierno, no se haya sabido responder en qué se han gastado los primeros 18 millones. Por ello ha pedido que se tramiten convocatorias públicas de subvenciones destinadas a los ayuntamientos y entidades del tercer sector para programas de respiro familiar. Asimismo, ha solicitado que se realicen mesas de trabajo para abordar la situación de estas personas con la finalidad de que tengan remuneraciones dignas, que haya una mayor oferta de servicios especializados y vigilancia inspectora para que no se produzcan casos de abuso o explotación.
