Preocupante escalada de intolerancia
Lo ocurrido en el último pleno del Cabildo, donde un centenar de asistentes intimidaron, acosaron e insultaron a los consejeros del Partido Popular por disentir y osar salirse del discurso del pensamiento único que tratan de imponer a los lanzaroteños que no piensan como ellos en torno a todo lo que rodea el polémico tema del petróleo, no es la primera vez que ocurre en Lanzarote, pero sí quizá la primera donde se ha traspasado una línea roja que no debe ser traspasada nunca más, sentando un precedente muy peligroso. De ahí que urja la condena firme y sin paliativos hacia este tipo de actitudes por parte de todas las formaciones políticas de esta isla.
La libertad de expresión y de opinión es una de las libertades sagradas e intocables que en un sistema democrático debe ser protegida con todos los medios que proporciona un estado de derecho sin vacilaciones y de forma firme y taxativa. El propio reglamento del Cabildo prohíbe precisamente incluso cualquier manifestación de agrado o desagrado por parte del público asistente (cuánto más no prohibirá lo ocurrido el otro día) para que precisamente quienes ostentan la representación de la voluntad de una parte del pueblo de Lanzarote legítimamente depositada en las urnas puedan ejercer su derecho al voto y a la libertad de expresión en la primera corporación insular sin sentir presión y en condiciones de normalidad y tolerancia. Es importante caer en la cuenta de que en elecciones el derecho al voto es secreto precisamente por eso. Y habría que recordarles a los intolerantes que no sólo la Constitución Española recoge el derecho a opinar libremente, sino que es la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que tantas veces estas mismas personas aluden para defender los derechos de las minorías, la que reconoce en su art. 19, el derecho del individuo a la libertad de opinión y expresión que “incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones”. Literalmente.
Lo preocupante es que este episodio vergonzante es el último, pero no el único dentro de una sutil pero creciente escalada de intolerancia que se está produciendo en Lanzarote por parte de algunos que se consideran en poder de la verdad porque su opinión es la válida, y punto. Hace unos meses el activista social Pedro Hernández, (a quien después se sumaban otras voces en un ejercicio impropio y muy desafortunado de intolerancia), expresaba públicamente que algunos representantes públicos del PP “no pueden seguir viviendo entre nosotros”, por defender un planteamiento de lo que consideran mejor para Lanzarote y Canarias alejado del pensamiento único imperante y diferente al suyo. Hay que tener mucho cuidado con las verdades absolutas, ya sean reveladas por designio divino (como ocurrió durante muchos siglos hasta el surgimiento de la Ilustración), por superioridad de la raza (como pasó con el nazismo) o como podría estar ocurriendo ahora por una autoerigida supremacía moral de aquellos que se consideran en poder de la verdad absoluta por una suerte de extraña ciencia infusa que les es propia y exclusiva.
Detrás de episodios como éstos subyace un mensaje tan sutil como peligroso: hay unos canarios que sabemos lo que les conviene a todos los demás, así que el canario que no piense según establece lo políticamente correcto y la verdad oficial mayoritaria, debe ser marginado en público, discriminado y objeto del rechazo social. Nos preguntamos también si debemos ser condenados al ostracismo medios de comunicación como éste que permitimos la pluralidad de puntos de vista, incluso la de opiniones con las que no estamos de acuerdo. En democracia cuando uno cree que tiene la razón, usa el poder de los argumentos y el debate dialéctico para convencer al otro, se usan incluso los instrumentos legales que nos proporciona el estado de derecho para luchar por lo que se cree que es mejor, pero en ningún caso se debe usar la coacción, el acoso y la discriminación. Muy peligroso.
