Adislan mueve ficha
La asociación activa una recogida de firmas para que no se saquen a concurso sus servicios
La asociación de Personas con discapacidad de Lanzarote ha dado un paso más en su batalla contra el Cabildo y su intención de sacar a concurso a empresas privadas sus servicios. Para ello, ha activado una campaña en la plataforma change.org en el que solicitará una recogida de firmas para que el gobierno que lidera Dolores Corujo desista en esta fórmula de gestión que haría perder la experiencia lograda por Adislan a lo largo de las últimas décadas de trabajo.
Mónica Hernández, directora de Adislan, señala que “una de las acciones que la asamblea general de socios y las familias quieren sacar adelante pasa por buscar apoyo social para que la iniciativa de licitación del Cabildo de Lanzarote se pare y se estudien las alternativas que ha planteado la entidad, que son legítimas y que arreglarían la situación contractual con la entidad”, explica, animando a todos aquellos que apoyen la labor que realizan a que firmen a su favor.
Hernández aclara, además, que en el caso de que el Cabildo les retirara la gestión en el centro de día y en los hogares funcionales, el Cabildo tendría que buscar otro centro al ser el actual de Adislan. “En el caso de que finalmente las plazas salieran a concurso y lo ganara otra empresa no podrían usar las instalaciones porque son de Adislan. Los chicos tendrían que cambiar de entorno”, señala.
Esta mañana, la directiva de Adislan se reunía con el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, quien recordó que el actual modelo de la asociación lanzaroteña se lleva a cabo en el resto de islas y que es el Cabildo de Lanzarote quien debe solucionar el problema. “Esta decisión no depende del Gobierno de Canarias, sino directamente del Cabildo insular. Yo he recogido las inquietudes, las preocupaciones y la documentación para buscar, si fuera necesario, un mecanismo de mediación para facilitar el entendimiento, siempre respetando la Ley, pero también los derechos de los chicos y chicas que reciben unas prestaciones de alta calidad, muy adaptadas y muy humanas y que, yo creo, que hay que tratar de preservar”.
Adislan cree que la entrada de empresas privadas en la gestión de este tipo de servicios sociales haría bajar los ratios de profesionales, y por tanto la calidad ofrecida a los usuarios.
