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Canarias endurecerá la normativa sobre el alquiler vacacional

El objetivo del Gobierno es garantizar tanto la calidad de la oferta como la seguridad en el destino

 

  • Lancelot Digital
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    El Gobierno de Canarias está preparando un nuevo decreto sobre el alquiler vacacional que tiene como objetivo endurecer la normativa de cara a la vivienda vacacional.

     

     

    La Justicia ya dejó claro al Ejecutivo que no puede impedir, como pretendía inicialmente, el alquiler vacacional en las zonas turísticas, así que el endurecimiento de las normas es la única opción factible.

     

     

    La intención es consensuar con los Cabildo una nueva normativa que, sin infringir la libertad de empresa ni atentar contra la libre competencia, sea mucho más restrictiva en lo que respecta al alquiler de viviendas, de manera que tanto la calidad de la oferta como la seguridad en el destino queden absolutamente garantizadas.

     

     

    El nuevo reglamento, tal y como se lo planta la Consejería de Turismo, deberá de garantizar la sostenibilidad del modelo turístico canario de manera que las exigencias sean equiparables a las del resto de la oferta turística actual, es decir hoteles y apartamentos.

     

     

    El Gobierno se centrará en la regulación de las plataformas digitales que comercializan viviendas vacacionales en Canarias. El objetivo es lograr que dichas plataformas sólo puedan publicar ofertas de pisos que estén dados de alta.

     

     

    Además la propia consejera del área, María Teresa Lorenzo, ha señalado que resultará imprescindible fijar la capacidad de carga del alquiler vacacional en cada municipio, algo para lo que resultará imprescindible la nueva Ley del Suelo.

     

    En el caso de Lanzarote, además, surge un inconveniente añadido por la situación particular de La Caleta y La Graciosa donde, a pesar de que se cumple el espíritu del decreto, hay una controversia entre los técnicos de Medio Ambiente y los de Turismo del Cabildo. Mientras unos consideran que es factible, otros creen que el uso de viviendas vacacionales no está permitido por tratarse de viviendas turísticas en sí mismas, y el PRU prohibe su uso turístico. Un problema añadido a una cuestión ya de por sí compleja.

     

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