Dimas Martín niega haber cobrado comisiones y asegura que solo asesoraba a los ediles

El ex político saca a relucir el nombre de Carlos Espino (PSOE) con quien pactaba todo antes de dar ningún paso. También señala a Antonio Hernández, como el máximo responsable del partido y del Ayuntamiento entre 2007 y 2008

Este lunes se cerró la cuarta jornada del juicio sobre la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife con la declaración de los dos últimos acusados, Dimas Martín, y el empresario Juan Francisco Rosa.

En el caso del primero, a quien el fiscal señala como el jefe de dicha trama, y a quien acusa de asociación ilícita, falsedad, cohecho y otros muchos delitos, y pide 17 años de cárcel, el histórico dirigente del PIL, negó todos los hechos, pero accedió a someterse a las preguntas del Ministerio Público

Dimas Martín, negó tajantemente que hubiese cobrado comisiones ilegales, -como le acusan el ex edil Ubaldo Becerra y el también ex edil fallecido, José Miguel Rodríguez- en cuyos testimonios basa parte de su acusación la propia Fiscalía, ni de ninguno de los empresarios acusados, a los que dijo no conocer. Al único que reconoció que conocía era a Samuel Lemes, del que dijo que solo hablaba con los concejales.

Rechazó que diese órdenes a los ediles para que pidieran comisiones a empresarios a cambio de contratos, o dinero a cambio de cobrar deudas pendientes con el Ayuntamiento, y añadió que nunca daba órdenes, sino que ejercía una labor de asesor, y solo aconsejaba, pues había sido designado por el partido para cumplir esa misión.

Sin embargo, el fiscal,  pidió que se escucharan varias grabaciones telefónicas en las que se aparecía el propio Dimas Martín hablando con el ex edil de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, en las que le ordenaba que no pagara la deuda al empresario, José Antonio Castellano, por importe de 269.000 euros, o a la empresa FCC.

Frente a esto, el propio Martín, a pesar de lo evidentes que resultaban las grabaciones sostuvo que aunque pudiera parecer que eran órdenes directas, no eran tales, sino que solo eran sugerencias, aunque en un contexto de acción política pudieran parecer órdenes.

También explicó que en el caso de José Antonio Castellano, entendía que se le estaba pagando a cargo del Ayuntamiento demasiado dinero a cambio de un servicio que no lo merecía, por limpiar una nave, y en el caso de FCC, también negó que fuera una orden, y añadió que pidió que no se pagara la deuda municipal con ésta empresa porque se estaba negociando desbloquear un asunto pendiente con Inalsa, y ello iba a suponer una reducción de la deuda que esta empresa reclamaba al Ayuntamiento de Arrecife, de modo que pidió simplemente que se paralizara el pago hasta que se resolviera esa negociación.

También el fiscal preguntó a Dimas cómo era posible que tuviera información sobre pliegos de contratos, listados de empresas acreedoras del Ayuntamiento, listados de personas de la tercera edad, o de contribuyentes del IRPF y otra información del Ayuntamiento en su celda de la cárcel, así como pliegos de contratos relativos al llamado Plan de Barrios de la capital, a lo que Dimas Martín respondió que en su calidad de asesor manejaba esta información, que no era secreta.

En cuanto a otras gestiones suyas para controlar  adjudicaciones del Plan de Barrios, del Plan Zapatero o el Plan General de Arrecife, Dimas Martín, dijo que él solo hizo propuestas, y no se cumplieron, porque nunca se llegaron a adjudicar. Además, añadió que nunca pudo influir en que se adjudicaran proyectos porque nunca hubiera podido controlar a la mesa de contratación, donde las ofertas eran sobres cerrados, ni tampoco podía controlar al partido que gobernaba junto al PIL, el PSOE, ni al alcalde, que también era del PSOE, ni al pleno.

Espino y Hernández en escena

Sin embargo, Dimas Martín, insistió en que todo lo hablaba y negociaba con el asesor de los socios de gobierno del PIL, en este caso, Carlos Espino (PSOE) y que cualquier decisión que se tomara debía consensuarla y hablarla con este señor.

Además, señaló que el auténtico responsable del PIL entre 2007 y 2008 era Antonio Hernández, que era presidente del Partido, teniente de alcalde de Arrecife y quien debía estar al tanto de todo lo que se cocía no solo en el partido, sino en el Ayuntamiento y en el Cabildo. "Él era el que daba las órdenes en el partido y en el Ayuntamiento", dijo Dimas a preguntas de su abogado.

El contrato de Juan Francisco Rosa, después de lograr el tercer grado

También declaró el lunes el empresario Juan Francisco Rosa acusado de falsedad documental ya que, según dijo la Fiscalía, contrató a Dimas Martín con el objetivo de que éste lograra el tercer grado carcelario.

El empresario tampoco se negó a responder a las preguntas del fiscal y manifestó tanto a preguntas del Ministerio Público, como de su defensa que no era cierto que contratara a Dimas Martín para que obtuviera  el tercer grado y de este modo pudiera dormir en su domicilio, ya que cuando le contrató ya tenía el tercer grado concedido, y esto sucedió según explicó el empresario, tanto en el contrato que se le hizo en diciembre de 2007, como en 2008.

Juan Francisco Rosa también dijo que le contrató por motivos puramente «humanitarios, para darle un sustento tanto al propio Dimas, como a su mujer», con los que tenía buena relación hacía años.

Dijo que le contrató como capataz agrícola para cuidar jardines del Hotel Princesa de Yaiza, de la finca de Uga y de las parras de La Geria, y que nunca controló si cumplía un horario estricto de trabajo. También señaló que se le contrató a través de la sociedad matriz de sus empresa Galerías Rosa, cuyo objeto es la venta de muebles, pero que eso no significaba que la labor de Dimas fuera la de vender muebles.

Por un instante el fiscal pidió escuchar una grabación en la que se escuchaba al empresario llamando a Dimas Martín e interesándose por el asunto de la legalización de los hoteles cuyas licencias habían sido anuladas por los tribunales, y sobre el proceso de legalización que el PSOE en el cabildo intentaba llevar a cabo, excluyendo su hotel de la posibilidad de legalizarse.

En este trance el fiscal intento llevar la acusación vinculando el contrato de Rosa a Dimas Martín, con el asunto de la legalización de los hoteles, lo cual fue rechazado, por no ser objeto de la acusación de este proceso, ello independientemente de que el propio Dimas Martín, declaró que nunca hizo nada por tratar de favorecer que el hotel del empresario pudiera tener un trato de favor en un hipotético proceso de legalización.

Por último, la defensa de Dimas Martín citó a declarar a la ex dirigente del PIL, María José Docal, la cual confirmó que Dimas Martín fue nombrado por el partido en aquellos años como asesor, pero que nunca estaba al tanto ni del dinero del partido, ni de la financiación y que entre 2007 y 2008 el que presidía el partido y era el máximo mandatario era Antonio Hernández.

En su caso el fiscal pregunto a la ex política que si había hecho alguna gestión de cobros o pagos con Dimas Martín, a lo que ésta respondió que no recordaba ningún caso.

En ese momento, el fiscal quiso incorporar una grabación en la que al parecer se escuchaba a Dimas Martín hablando con María José Docal, con la cual tratar de desmentir a la ex política, pero la propia presidencia de la sala rechazó acceder a la audición, por no formar parte de la acusación, dejando por concluida la sesión, que este martes se retomará con nuevos testigos.