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El Cabildo adopta un acuerdo institucional para que el Estatuto de Autonomía deje clara la existencia de La Graciosa como isla habitada

También se pedirá al Gobierno de Canarias que colabore con el Cabildo y con el Ayuntamiento de Teguise en la conformación de una pedanía en La Graciosa y que se promueva la potenciación del Consejo de Ciudadanía 

 

Lancelot Digital

Fotos: Jesús Betancort

 

Todos los grupos políticos con representación en el Cabildo de Lanzarote -CC, Psoe, PP, PIL y AC-25M- aprobaron en el pleno ordinario celebrado este martes en el Castillo de San José, un acuerdo institucional por el que se solicita al Gobierno canario que “en la proyectada reforma del Estatuto de Autonomía que se tramita en el Parlamento de Canarias, quede clara la existencia de La Graciosa como isla habitada, sin perjuicio de su adscripción administrativa a Lanzarote”.

 

El acuerdo institucional recoge además que la Corporación se dirija al Gobierno de Canarias para que “colabore con el Cabildo y con el Ayuntamiento de Teguise” en la conformación de una “pedanía” en La Graciosa, “entidad local menor sin personalidad jurídica”, adscrita al municipio de Teguise; y para que promueva “la potenciación del Consejo de Ciudadanía de La Graciosa como una herramienta estable de participación ciudadana, necesaria para la gestión conjunta, entre colectivos e instituciones”.

 

 

Asimismo en el texto se apela a la Administración General del Estado a colaborar con el Gobierno de Canarias “para garantizar a los ciudadanos de La Graciosa la realización de las diferentes actividades indispensables en el territorio de su propiedad: helipuerto, cementerio, caminos, agricultura, ganadería, gestión de residuos, implantación de energías alternativas, etcétera”.
 

 

Además se insta al Ejecutivo autonómico a “impulsar la planificación de los recursos naturales y las modificaciones necesarias en el Plan Rector de Uso y Gestión, así como en la Reserva marina, para hacer compatible la conservación de los valores naturales” de La Graciosa con la normativa sobre renovación y modernización turística de Canarias; así como la constitución de un “consorcio interadministrativo para la gestión de aquellas competencias que precisen mayor nivel de coordinación”.

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