El "caso La Bufona" termina en sentencia absolutoria
A pesar de no haber sido imputada, Astrid Pérez era la pieza política a derribar por haber comprado y hecho reformas en una de las viviendas de esa urbanización
Se acaba definitivamente el “caso La Bufona” que había tenido en la picota judicial a los promotores de esta urbanización de Arrecife desde hace más de una década y que había puesto en tela de juicio también las obras de mejora que habían realizado algunos de los compradores de viviendas en la zona.
El caso adquirió protagonismo judicial, sobre todo para algunos medios de comunicación que no dudaron en hacer un juicio paralelo y en aplicar la condena del telediario, por el hecho de que entre los compradores de las casas se encontraban personas como la actual presidenta del Parlamento de Canarias y del PP insular, Astrid Pérez, o el que fuera fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, que también estuvieron a punto de ser imputados por las obras de reforma realizadas en sus viviendas.
El Juzgado de Lo Penal Nº 3 de Arrecife ha cerrado el caso, con un auto emitido el pasado 13 de diciembre, en el que archiva las diligencias y hace firme la sentencia del mismo tribunal emitida el pasado mes de julio, absolviendo a los acusados por la prescripción de los delitos.
Federico Echevarría y Antonio Caro, promotor y constructor, respectivamente de las casas de La Bufona, quedan absueltos de los delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia por los que venían siendo acusados, con una petición de la Fiscalía de cuatro meses de cárcel, inhabilitación, una multa y el derribo de lo construido en suelo rústico en una franja que afectaba a 14 viviendas.
Antecedentes de una causa eterna
Esta causa se remonta al año 1999 y se inició con una denuncia del Seprona. El Ministerio Fiscal consideraba que construyeron 52 casas donde sólo se podían levantar 24 y que se ocupó una zona de suelo rústico de valor ecológico, superando la superficie del Plan Parcial y la de las viviendas, además de desobedecer las órdenes de paralización realizadas por la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun). Al respecto, hay que recordar, además, que el Plan Parcial de La Bufona fue anulado por el Tribunal Supremo en 2008.
En la causa, también estuvieron imputados en su día la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero. Ambos estaban acusados de haber otorgado licencias ilegales y de haber levantado el precinto acordado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), pero finalmente el juez entendió que no habían cometido delito alguno y acabó dictando el sobreseimiento y archivo.
Un calvario de 25 años
Terminan 25 años de un procedimiento judicial que se cierra al no recurrir la acusación particular la sentencia que absuelve a los acusados del delito contra la ordenación del territorio y desobediencia grave a la autoridad en el caso de La Bufona. La acusación particular solicitaba la demolición no solo de las viviendas situadas en la cara norte de la Calle El Chabusquillo sino de toda la urbanización. Finalmente, no habrá demolición.
El juez del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife considera prescrito los delitos al concluir que las obras de la urbanización realizadas por el promotor, constructor y arquitecto finalizaron en el año 2000, que las viviendas de la cara norte de la calle El Chabusquillo fueron entregadas a los propietarios con el muro de cerramiento de la parcela hecho.
La acusación particular, que en un inicio estaba formada por los 3 miembros de la familia que dice ser propietaria de los terrenos, no siguió acusando por el delito de usurpación de bienes inmuebles ni tampoco por el delito de estafa, modificando el último día el escrito de acusación.
La sentencia que ya es firme y no puede ser recurrida también relata que ya el TSJC, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en procedimiento administrativo le dio la razón a los propietarios y no ordenó la demolición por estar las obras amparadas por licencia.
