El CGPJ ocultó durante tres años la denuncia de la jueza Lucía Barancos sobre las irregularidades del caso Unión
Tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias retuvieron el informe desde 2011, según informa Canarias 7
Texto y foto: Lancelot Digital
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ocultaron durante tres años el informe que había elaborado la jueza Lucía Barrancos, en el que denunciaba las irregularidades que había encontrado en la instrucción del caso Unión por parte del anterior magistrado, César Romero Pamparacuatro. Así lo recoge en la edición impresa de este sábado el periódico regional Canarias 7.
Este diario informa de que desde noviembre de 2011 hasta el actual mes, julio de 2014, ambos órganos judiciales “retuvieron la entrega de forma reiterada de este documento” a la defensa de uno de los imputados en la Operación Unión, el ex concejal del PIL en Arrecife Antonio Machín.
La abogada de Machín, Juana María Camero, solicitó al Consejo General del Poder Judicial que se le entregara este documento, pero el CGPJ no sólo no respondió a esta solicitud, sino que “desvió la atención refiriéndose a otros informes sobre la comisión de servicios de un juez de refuerzo que había sido nombrado”.
Aún así, la defensora de Antonio Machín volvió a pedir el escrito elaborado por Barrancos, un nuevo requerimiento al que el Consejo General de Poder Judicial tardó meses en responder y además sin consecuencias prácticas, pues el informe siguió sin entregarse. Finalmente, tuvo que ser el Tribunal Supremo (TS) el que obligara a entregar el informe a la defensa.
Cabe recordar que en esta sentencia, los jueces del TS recogen que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Consejo General del Poder Judicial “vulneraron el artículo 105 b de la Constitución y el 37.1 y 7 de la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo, reconociendo el interés legítimo del peticionario a conocer el informe, de clara utilidad para la defensa de sus derechos en las diligencias previas en que se hallaba comprometido”.
