El Colegio Insular de Abogacía ya puede ofrecer asistencia jurídica gratuita en Lanzarote
El Cabildo aprobó una subvención de 20.000 para el proyecto de modernización de los medios técnicos necesarios que redunden en el desarrollo de este servicio
El Pleno del Cabildo de Lanzarote acordó conceder una subvención nominada de 20.000 euros al Ilustre Colegio de la Abogacía de Lanzarote para el proyecto de modernización de los medios técnicos en el desarrollo del servicio de asistencia jurídica gratuita.
Gracias a esta colaboración de la primera Institución, el Colegio de Abogados de Lanzarote y de La Graciosa cuenta desde este miércoles con una nueva sala de formación con dotación de mobiliario, equipos informáticos y medios técnicos adecuados para poder desarrollar este servicio de formación a los letrados que prestan este servicio y asistencia jurídica gratuita a la población de la isla.
El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Lanzarote, Carlos Viñas, reconoció y agradeció al Cabildo de Lanzarote, "el impulso y apoyo" a este servicio, "que no siendo obligación legal ni competencia de esta entidad pública, gracias a esta financiación se ha podido materializar el acondicionamiento de una sala de formación, lo que redundará en beneficio de la ciudadanía y, sobre todo, para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a quienes carecen de recursos económicos para litigar", afirmó Viñas. Una gestión que está encomendada a los Colegios de Abogados.
Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, hizo extensiva dicha gratitud "a todos los miembros del Pleno de la Corporación que en el pasado mes de octubre, en un pleno especial que se celebró en el municipio de Tinajo, dieron su respaldo a este proyecto, aún no siendo una competencia del Cabildo", como indicó igualmente en su intervención el decano.
El presidente trasladó, en este sentido, sus felicitaciones al Colegio "por la iniciativa y por desarrollar este proyecto del que se podrá beneficiar la población más sensible y que no cuenta con recursos económicos suficientes para optar a este derecho constitucional de defensa jurídica que tienen todos los ciudadanos".
