El delegado insular de la AEDAF recomienza tributar los alquileres vacacionales ante inspecciones
Se calcula que sólo 6.000 de las 30.000 plazas detectadas en Lanzarote operan con autorización
La patronal turística Asolan lleva tiempo alertando de la clandestinidad en la que se desarrolla el alquiler vacacional en la isla y así lo acreditan las cifras, ya que se calcula que sólo 6.000 de las 30.000 plazas detectadas en Lanzarote operan con autorización. Ante esta realidad, la advertencia que se hizo en unas jornadas sobre asesoramiento fiscal celebradas el fin de semana fue clara.
"Comentarles a todas esas personas que estén explotando la vivienda como alquiler vacacional que es importante declararlo desde el punto de vista tributario. Entre otras cosas, Hacienda ya está revisando este hecho", apunta Manuel Viera, delegado insular de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).
Según el estudio de la Consejería de Turismo de Canarias, Lanzarote es la segunda isla del archipiélago a la hora de ofertar esta modalidad alojativa. en agosto pasado ya eran más de 6.100 las viviendas destinadas a este negocio, lo que supone el 28% del total de su oferta turística. "Es un sector en el que ya están entrando los touroperadores, las empresas inmobiliarias, y esa parte me llamó la atención. No es el concepto que tenemos del amigo que tenemos esa segunda vivienda y que la está alquilando, no es el peso fundamental", señala Viera.
En la actualidad existe un decreto que regula las zonas no turísticas, pero se está a la espera de una normativa que incluya también las zonas de mayor concentración de turistas. La competencia en su regulación podría recaer en los cabildos. "Se quiere sacar un nuevo Real Decreto y, quizá, se le va a dar un poder a los cabildos de poder tomar decisiones sobre el alquiler vacacional, porque las realidades en casa una de las islas son diferentes según las conclusiones de la Consejería", explica el delegado insular de la AEDAF.
La nueva situación está provocando un colapso del mercado para los residentes que no encuentran alquileres a precios razonables y que zonas rurales se estén convirtiendo en nuevos focos turísticos. De ahí que se haya iniciada una campaña de recogida de firmas pidiendo al Gobierno de Canarias que tome medidas.
