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El juicio del caso Yate arrancará el 20 de marzo


Nueve de los once imputados han alcanzado al parecer acuerdos de conformidad a cambio de confesarse culpables por lo que podrían ver rebajadas de manera importante sus penas

 

Lancelot Digital

 

El juicio contra los 11 imputados en el caso Yate, en el que se investigó la concesión de licencias ilegales en Yaiza, arrancará el 20 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria. La vista está previsto que se celebre del 20 al 23 y del 27 al 31.

 

Fiscalía pide para el principal acusado, el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, 25 años de prisión. Cuatro miembros de su familia, su mujer y tres hijos, también serán juzgados, en concreto por blanqueo de capitales. Para ellos se solicitan cinco años de cárcel.

 

No obstante, el exregidor sureño mostró recientemente su arrepentimiento y confesó haber recibido gratificaciones de promotores y empresarios depositando más de 300.000 euros para responder por el delito de blanqueo de capitales. Reyes no fue el único, sino que otros ocho imputados también confesaron los delitos. Así, se espera que sus penas se vean rebajadas ante un posible acuerdo de conformidad con Fiscalía.

 

Los otros imputados que reconocieron los hechos fueron sus familiares, el exsecretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, el asesor fiscal Manuel Benito Mesa Ferrer y dos amigos de la familia Reyes, Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. Para Vicente Bartolomé se pedían inicialmente 6 años y medio de prisión y para los otros dos, que también han devuelto parte del dinero, tres años.

 

Los únicos que no han mostrado su conformidad con los hechos que se les imputan y se confiensan inocentes son el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo y el otro asesor fiscal, José Rafael Mesa Ferrer. Para el primero no se pide pena de cárcel, sino sólo inhabilitación durante 10 años, mientras que para el segundo se solicitan cuatro años y medio de prisión. En entonces aparejador del Ayuntamiento, Alfredo Morales, también estaba imputado en la causa, pero falleció.

 

Recordar que el caso se inició con una querella presentada por el entonces consejero de Política territorial del Cabildo, el socialista Carlos Espino, quien curiosamente está imputado por delitos similares en el caso de los Centros Turísticos.

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