Intento de control del Consejo de Administración de los CACT
San Ginés cree que la oposición quiere cambiar los estatutos para controlar los Centros Turísticos
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, considera que en el pleno del lunes de la primera Corporación se pretenden cambiar los estatutos para que sea la oposición quien controle el Consejo de Administración de los Centros Turísticos, dada la incapacidad para presentar una moción de censura en el cabildo.
Según San Ginés, sería la primera vez que la oposición controle el consejo de administración de una empresa pública, la cual depende del gobierno.
Asimismo, según un comunicado emitido por los Centros Turísticos después de la sesión extraordinario y urgente del Consejo de Administración celebrada ayer jueves, como órgano con personalidad jurídica propia, rechazó por unanimidad la propuesta de resolución de la huelga presentada por el Comité de huelga y la Oposición. No obstante, el consejo manifestó su voluntad de aceptar los otros siete puntos o cualesquiera otros aspectos que sean susceptibles de negociar, siempre dentro del marco legal.
Durante la sesión, se dio cuenta de los tres informes solicitados a los servicios jurídicos, al director de Recursos Humanos y a la Intervención del Cabildo de Lanzarote, y por ende, de la EPEL, a consecuencia de que "los grupos políticos han tratado de trasladar la resolución de este conflicto del ámbito que corresponde, es decir, del Consejo de Administración de los Centros al pleno del Cabildo de Lanzarote con la solicitud de un pleno Extraordinario". Como se recordará, estos informes señalan que la sentencia sí se está ejecutando correctamente y concluyen que el acuerdo propuesto por los grupos de la Oposición y el Comité de huelga sería nulo de pleno derecho en caso de aprobarse, por cuanto contravendría la Ley General Presupuestaria. De hecho, el consejero de Economía y Hacienda del Cabildo de Lanzarote, Luis Arráez, recordó que "los consejeros que lo avalasen con su voto estarían incurriendo en un delito de prevaricación y quienes lo ejecutasen estarían malversando fondos públicos".
"Para mayor abundamiento", señala el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, "la interventora aclara en su informe, de manera taxativa, que no se pueden atender las reivindicaciones contempladas en los puntos 7, 8 y 9 de la propuesta, al menos hasta tanto exista pronunciamiento judicial al respecto", coincidiendo con las tesis defendidas por la empresa a lo largo de este conflicto.
En otro orden de cosas, hay que señalar que durante la sesión se acordó solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Entidad acerca de la posible causa de incompatiblidad y abstención de los vocales del consejo Andrés Barreto y Mari Paz Cabrera, respectivamente, el primero "por tener interés directo en la medida en que asesora y cobra por las demandas individuales interpuestas por gran parte de la plantilla", y la segunda, "por sus vínculos afectivos con el presidente del Comité de empresa, amén de averiguar si es cierto que trabaja en el despacho del primero". En este sentido, el presidente recordó que "los Estatutos de la EPEL se remiten al Reglamento del Cabildo de Lanzarote y este, a su vez, a la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General" según la cual son incompatibles los abogados y procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, como es el caso. "Distinto es el caso de Mari Paz Cabrera, que estaría inmersa, en todo caso, en causa de abstención tanto en el Consejo de Administración como en el Cabildo".
Por último, hay que señalar que la Oposición estuvo ausente de la sesión "por razones que compete a ellos explicar". No obstante, San Ginés considera que esta ausencia "obedece a que es el gobierno quien tiene el control del Consejo de Administración de los Centros, donde la Oposición está en minoría", y declaró que "tengo absolutamente claro que son conscientes de que el control de los órganos de gobierno de todos los organismos públicos dependientes de una Administración, como es el caso, recaen en el grupo de Gobierno, siendo por ello que, en lugar de utilizar la forma legítima y democrática contemplada por la ley para cambiar los gobiernos, han usado a los trabajadores de los CACT para convocar un pleno Extraordinario en el que lo que subyace es una moción de censura encubierta para hacerse con el control del Consejo de Administración de los Centros, previa modificación de sus Estatutos, sin tener que presentar una moción de censura formal".
