El TSJC anula dos órdenes de derribo de la Apmun en La Bufona
Los vecinos, contentos con el fallo "después de 17 años de verdadera injusticia y machaque público"
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado dos de las órdenes de derribo parciales en La Bufona, una de ellas la que afectaba a la vivienda del fiscal Miguel Pallarés, por entender que el expediente de la Apmun no se ajusta a derecho, según publica Canarias 7.
Entre los motivos de nulidad que la sala aprecia, según este diario, se incluye la caducidad del expediente de derribo, al no haberse recogido la fecha de inicio y finalización de las obras. Además, el TSJC admite los recursos porque las obras contaban con licencia municipal y considera que la Apmun debió instar su declaración de nulidad antes de iniciar el expediente sancionador. Contra la resolución de derribo de la Apmun, interpusieron recursos una decena de afectados, quedando pendientes de resolver siete recursos.
Vecinos de La Bufona han mostrado su "satisfacción" con el fallo del TSJC. Y es que, los afectados siempre han defendido que ellos compraron sus casas de buena fe, con licencia y sin saber que podían estar en suelo rústico. "Después de 17 años de verdadera injusticia y machaque público, sale a la luz lo que siempre se ha defendido por este colectivo y es que si parte de las viviendas se encontraban sobre suelo rústico de protección del jable, ello no se debía a una mala actuación de los propietarios de las viviendas, sino a la permisividad tanto del Ayuntamiento de Arrecife como de la Apmun.
Los vecinos afectados se muestran contentos porque la sentencia concluye "que no puede pretenderse echar la culpa a los propietarios de las viviendas de la irregularidades cometidas por las administraciones públicas, cuando las viviendas se construyeron amparadas por licencia de obra, licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad". "Justicia también porque con esta gran noticia se cierran las bocas de aquellos que han hecho que este asunto se vea como el único existente en la isla, solo por las personalidades que viven en la urbanización, cuando lo cierto es que seguramente vivamos en la isla con mayor número de licencias anuladas. Sin embargo el amiguismo imperante en algunos medios de comunicación han hecho que se vea este como el único", señalan en un comunicado.
Los vecinos afectados consideran que "con esta sentencia finaliza un capitulo importante de esta historia, donde solo queda mirar hacía el frente y seguir luchando por la coherencia y la sensatez en el comportamiento de las administraciones".
Por último, la Asociación Almadracha pone en conocimiento que "hace algunos meses la familia Murillo inició un procedimiento en el Registro de la Propiedad de Arrecife para hacer coincidir las fincas catastrales con el Registro de la Propiedad". Procedimiento en el que se aseguran que no se les dio trámite y en el que finalmene el señor registrado "no admite la solicitud de la familiar por entender que las fincas catastrales no coinciden en absoluto con lo que aparece en el Registro de la Propiedad", concluyen.
