El TSJC suspende también el certificado covid para acceder a locales en Canarias
Tampoco admite el cierre total entre las 00.00 y las 6.00 horas que había solicitado el Ejecutivo Regional
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido cautelarmente la medida del gobierno de Canarias para exigir certificado covid o prueba diagnóstica a los ciudadanos para acceder a locales de hostelería y hotelería.
Igualmente queda suspendido el cierre total entre las 00.30 y las 6.00 horas, y el límite de aforo en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración queda fijado en un 50% tanto con nivel 3 como en el nivel 4 .
Igualmente se suspende el límite de aforo en el interior de gimnasios y actividades físicas no federadas en zonas interiores, así como cines teatros auditorios y espacios culturales, quedando fijado en el 55% para el nivel 4 y sin que se pueda exigir para el acceso a estos certificado covid o prueba diagnóstica de infección activa.
El Tribunal entiende que los hosteleros, que no tienen obligación de enseñar a sus clientes sus certificados covid porque la vacunación no es obligatoria, “son habilitados por la medida en controladores de la salud pública, pasando a invadir el campo del derecho a la intimidad personal” protegido por la Constitución.
Recuerda además la Sala que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha “insistido” en la importancia que para la vida privada poseen los datos de salud, “señalando que el respecto al carácter confidencial de la información sobre la salud constituye un principio esencial del sistema jurídico de todos los Estados parte en la Convención”.
El Tribunal ha tomado la decisión inaudita parte, esto es, al apreciar un riesgo evidente para los derechos fundamentales y el interés público. La medida es por tanto cautelarísima, el propio auto da tres días hábiles de plazo al Gobierno de Canarias para que haga sus alegaciones respecto al mantenimiento, modificación o revocación de lo acordado. La semana que viene, pues, la Sala resolverá si mantiene sus actuales decisiones o las modifica a la vista de los argumentos de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico.
