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Enrique Pérez Parrilla declara que ni autorizó ni conocía la contratación de Batllori como asesor externo del Ayuntamiento de Arrecife

Ni el ex alcalde capitalino ni otros cuatro testigos más, todos ellos funcionarios del Consistorio, logran aclarar si los pagos que se realizaron al empresario se ajustaron o no a la ley. /Vea la galería de imágenes

 

Texto: Lancelot Digital

Fotos: Jesús Betancort

Vídeo: Lancelot Televisión

 

Los cinco primeros testigos del a su vez primer juicio del Caso  Unión han declarado este lunes por la mañana, todos ellos a petición del fiscal, pero ninguno ha conseguido arrojar mucha luz sobre cómo se realizó el pago al empresario Francisco Rodríguez Batllori y quién y cómo le contrató. La Fiscalía ha intentado demostrar que no existía ningún tipo de contrato con el empresario y que éste además no fue autorizado por el entonces alcalde, Enrique Pérez Parrilla, que ha negado que tuviera conocimiento de que se habían requerido estos servicios y mucho menos que él diera el visto bueno.

 

Por su parte, los abogados defensores, especialmente el de Dimas Martín, el propio Batllori y la de María Luisa Blanco, se han centrado en la tesis de que los servicios se realizaron, que hay facturas con el sello del Consistorio y la firma de Intervención que avalan los pagos, y que para el tipo de asesoramiento que hacía el empresario y las cantidades económicas de las que se hablan, no hacía falta que intermediara el primer edil.

Enrique Pérez Parrilla ha negado en todo momento que él autorizara la contratación de Batllori, así como que él concediera la potestad a algún concejal del PIL para hacerlo.  Además, ha negado que hubiera una necesidad urgente de contratar sus servicios y ha afirmado desconocer que hubiera acudido a reuniones con el entonces consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, entre otros. Sin embargo, ante las preguntas del abogado de Dimas Martín, que le ha consultado si un concejal podía realizar un contrato menor, Parrilla ha asegurado desconocer este hecho, y tampoco ha podido explicar si José Miguel Rodríguez estaba autorizado a realizar pagos, pues así aparecía en un documento que le ha enseñado la abogada de Luisa Blanco.

 

Tampoco ha aportado mucha luz el segundo testigo, Sheila Aguiar, funcionaria del Consistorio desde 2012. Esta trabajadora ha explicado que las cantidades que cobró Batllori superan el límite que marca la contratación menor y ha confirmado que las contrataciones verbales no existen. Sin embargo, los abogados defensores se han basado en que ella no conocía lo que había ocurrido entre los años 2008 y 2009, y que había unos documentos firmados que avalaban el pago por la prestación de servicios realizados por el empresario.

Arranca el tercer día del primer juicio del caso 'Unión'  

La tercera en declarar ha sido Asenet Padrón, ex secretaria del Consistorio desde 2008 hasta julio de 2009, que ha explicado que los contratos verbales están prohibidos por ley y que a ella no le constaba la existencia de Batllori como asesor del Ayuntamiento. La defensa ha preguntado a la ex secretaria si sabía si el pago de más de 19.000 euros que consta que se realizó a Batllori se había hecho de una vez o en dos veces, algo que Padrón desconocía. En la misma línea han transcurrido las declaraciones de las dos testigos restantes, María del Carmen Villaverde y Pilar Machín, ambas funcionarias del Consistorio tanto en la actualidad como en la fecha en la que se produjeron los hechos. 

 

Tras estos cinco testigos de la Fiscalía, la defensa citaba, entre otros, a la ex concejal del PIL Emilia Perdomo, actualmente en el Grupo de No Adscritos, el alcalde de la capital, Manuel Fajardo Feo, y el ex concejal de Alternativa Ciudadana, Andrés Barreto.

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