José Miguel Rodríguez: "Decidí colaborar con la Justicia porque lo he perdido todo, mi casa, mi trabajo, mi matrimonio"

El ex concejal de Arrecife reconoce "haber podido beneficiar" a Proselan en el juicio del caso 'Unión' que ha arrancado este lunes, mientras que el administrador de la empresa, el interventor del Ayuntamiento y el ingeniero jefe de la Oficina Técnica niegan haber malversado fondos públicos

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Fotos: Jesús Betancort

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"Reconozco los hechos, aunque no estoy de acuerdo con la pena que se me pide". Así ha comenzado su declaración el ex concejal de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez, en el juicio del caso 'Unión' que ha arrancado este lunes, en el que se investiga el pago de más de 250.000 euros a la empresa de electricidad Proselan en el año 2008. El entonces edil no sólo ha reconocido "haber podido beneficiar a terceros" con su firma por trabajos que ni siquiera cree que se realizaran, sino que ha cargado contra el interventor del Consistorio, Carlos Sáenz. "Firmé los pagos porque el interventor me había ayudado a llevarme dinero en beneficio de mí o de mi partido otras veces", ha afirmado ante la sala.

En este sentido, hay que recordar que ya en la primera pieza del caso 'Unión' que se juzgó en octubre del año pasado, la relativa al pago de facturas por trabajos presuntamente no prestados en el Ayuntamiento de Arrecife y en Inalsa, el ex concejal del PIL también confesó los hechos. Por colaborar en la investigación, se le condenó tan sólo a un año de cárcel. "Me arrepentí tras salir de prisión", ha apuntado José Miguel Rodríguez en la vista celebrada este lunes, la segunda que se juzga de las cuatro en las que fue imputado. "Decidí colaborar con la justicia porque lo he perdido todo: mi casa, mi trabajo, mi matrimonio...", ha añadido, al tiempo que ha negado que tenga un acuerdo con Fiscalía.

Aunque el ex concejal de Arrecife afirma no haber tenido "provecho económico" en estos hecho, ha pagado parte del dinero presuntamente malversados que Fiscalía reclama a los cuatro imputados como responsabilidad civil, comprometiéndose a hacer frente próximamente a la cantidad restante. Y es que, según ha expuesto su abogado, tiene todos sus bienes "embargados", además de tener que pagar una pensión a sus dos hijos. De esta forma, José Miguel Rodríguez ha reconocido "haber consentido una malversación de fondos" pues, además, como ya se señaló anteriormente, tiene "indicios" de que Proselan no llegó siquiera a prestar ningún servicio de electricidad en diferentes fiestas de barrios de Arrecife llegando a calificar de "absurda" la manera de facturar, aunque reconociendo que, entonces, era "el modus operandi" en el Ayuntamiento "Algunas, por fecha, era imposible que se hubieran ejecutado", ha señalado.

Arrocha: "No tengo ninguna duda de que los trabajos se realizaron"

De hecho, este ha sido un asunto que el fiscal Ignacio Stampa ha puesto de manifiesto en el juicio, manifestando que hasta tres de las facturas habían sido abonadas antes de que concluyeran los trabajos. "Se me pasaría", ha respondido el entonces ingeniero jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Juan Rafael Arrocha que fue, precisamente, quien decidió contratar a José Daniel Hernández para los trabajos.

"Me preocupaba la instalación y seguridad de las fiestas", ha explicado el ingeniero jefe de la Oficina Técnica, asegurando que ese fue el motivo por el que procedió a la contratación, tras recibir la visita de José Daniel Hernández ofreciendo sus servicios y ver que sus presupuestos se ajustaban "a los precios del mercado". Y es que, según ha afirmado, se producía una "sobrecarga" y había "quejas verbales" de vecinos por cortes de luz en otros lugares de la ciudad cuando había fiestas en algún barrio, por lo que se decidió "reforzar" algunas líneas.

Aunque el fiscal ha puesto sobre la mesa el hecho de que el propio coordinador de fiestas asegurase que los trabajos "no fueron realizados" o que, en algunos casos, "fue el personal del Ayuntamiento" quien los hizo u otras empresas, ambos han negado estos hechos. "Yo mismo lo comprobé", ha asegurado Arrocha, que ha insistido en que "siempre" supervisaba los trabajos y que, por ello, no tiene duda de que se realizaron. Eso sí, ha dicho no saber dónde están "las notas" que había ido tomando sobre los mismos. "Estarán en el Ayuntamiento", ha manifestado.

El empresario José Daniel Hernández, que ha asegurado que él sólo realizó trabajos "para cuatro fiestas" de los barrios de la capital y para el Carnaval también ha intentado justificar algunos de los trabajos como los realizados en las fiestas de Chaxiraxi de Argana Baja, a pesar de que el propio coordinador de Festejos, según ha manifestado el fiscal, apuntó que éstas se celebran dentro del centro sociocultural y, por lo tanto, con la iluminación de éste. Aun así, ha afirmado que él llevo una acometida hasta allí.

¿Contrato menor?

La vista se ha centrado en otros dos aspectos. Primero, en el hecho de que los trabajos fueron adjudicados de manera directa a pesar de exceder del límite legal de 18.000 euros. Al respecto, tanto el ingeniero jefe de la Oficina Técnica como el interventor del Ayuntamiento han defendido que no eran contratos menores por servicios como considera Fiscalía, sino de obras y que, en este caso, el límite legal es de 50.000 euros, cantidad a la que no llega ninguna de las facturas investigadas en esta causa, que rondan todas los 20.000 euros. "Lo dice la Ley de Contratos del Sector Público", ha precisado Carlos Sáenz, que ha insistido en "la factura equivale al contrato al ser menor" y que el expediente estaba "completo" en aquel momento y contaba con la firma tanto del concejal como del tesorero, justificando así que él autorizara el pago. Además, Sáenz ha apuntado que era algo "normal" que Urbanismo hiciera frente a los gastos de electricidad.

La otra cuestión sobre la que se ha insistido en la sala es sobre el hecho de que por cada trabajo hubiera dos facturas, una en concepto de montaje y otra de desmontaje, a nombre de dos empresas diferentes. "En un principio el trabajo lo estaba haciendo yo. Proselan se crea en junio de 2008, con un socio, pero después me quedé como administrador único en noviembre y mi asesor me recomendó facturar por las dos y hacerlo de esta manera, aunque fue un error", ha explicado José Daniel Hernández. En febrero de 2009, según ha señalado, su mujer pasó a ser propietaria de la empresa "por motivos fiscales", al mantener el acusado deudas con Hacienda y varios proveedores, para evitar así un embargo.

En total, fueron 14 facturas por valor de 349.159,90 euros las que Proselan presentó en el Ayuntamiento entre diciembre de 2008 y abril de 2009. Sin embargo, quedaron por abonar cuatro facturas por importe total de 97.866,30 euros. En este sentido, el fiscal ha incidido en que precisamente Carlos Sáenz firmará una retención de crédito de 98.000 euros el 16 de abril. "Si lo hice, es porque alguien me lo pidió, pero yo no le doy el visto bueno a nada. Sólo dije que había partida", se ha defendido el interventor del Ayuntamiento.

Petición de suspensión del juicio 

El juicio continuará este martes, tras esta primera sesión que se ha extendido durante unas tres horas y que el abogado de José Daniel Hernández pidió que se suspendiera, al no haber comparecido la representante legal actual de Proselan, empresa a la que se considera responsable civil subsidiaria. Petición a la que se adhirieron las defensas de Juan Rafael Arrocha y Carlos Sáénz y que fue tachada de "tomadura de pelo" por la Fiscalía. "No causa indefensión que no haya podido venir. Es mujer del acusado y su abogado ha venido. Se le pide que ejerza su derecho como representante civil, pero ni no quiere venir es cosa de ella", expuso el fiscal. Cuestión que tuvo en cuenta la sala, que consideró que no era motivo de suspensión. "No ha sido citada, pero si no ha venido es porque no ha querido", apuntó el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

Asimismo, la defensa de Hernández solicitó que se tuviera en cuenta "la falta de la firma del juez en un auto". "Sin ese auto no podría existir esta causa", manifestó el abogado. Hecho que fue calificado por Fiscalía como "otro intento burdo de suspender el juicio". "Esto ya está resuelto por esta sala. Hay un testimonio del secretario que dice que coincide con el original", expuso Ignacio Stampa. "Todos los testimonios carecen de firma y el original está donde tiene que estar", añadió el presidente de la sala, que no admitió igualmente esta cuestión.

Hay que recordar que Fiscalía pide seis años de prisión para Rodríguez, Sáenz y Arrocha, acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa, fraude y malversación de caudales públicos, así como la inhabilitación absoluta durante 10 años. Para José Daniel Hernández, aunque también se le acusa de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, se solicitan cinco años y seis meses, al no ostentar la condición de autoridad o funcionario público.

Según el escrito de acusación, también se solicita que los cuatro acusados devuelvan al Ayuntamiento el dinero presuntamente defraudado de forma "conjunta y solidaria", que asciende a 251.293,60 euros, "siendo responsable civil y subsidiaria Proselan en la cuantía de 126.674,10 euros".