“La incautación era lo mejor para preservar el interés público"
El expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, reitera en el juicio de la desaladora que su decisión era la única que no provocaba el desabastecimiento de la urbanización
El expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, volvió a reiterar en el segundo juicio, tras declararse nulo el primero, que adoptó la decisión de incautar la planta desaladora de Montaña Roja porque era la mejor propuesta para preservar el interés público y no desabastecer a la urbanización Montaña Roja. “Yo ya estaba asesorado, verbalmente, de que tenía dos opciones, clausura o incautación, y sabía que optaría por la segunda, que era legal, y no provocaba desabastecimiento a los vecinos”, señala.
En la vista de hoy en Juzgado de lo Penal número tres de Arrecife, San Ginés señaló una y otra vez a preguntas de la acusación que se adoptó esa medida con el asesoramiento jurídico y tras varios informes. “Yo no firmaba ninguna que no viniese, previamente, suscrita por el secretario. Cierto es, como se dijo en la fase de instrucción, que al parecer, yo no soy jurista, que en las del Cabildo, como tal, no está obligado a hacer ninguna advertencia de ilegalidad o legalidad”.
También alabó el prestigio del secretario del Cabildo, Francisco Perdomo. “Lleva muchos años de trayectoria profesional intachable y honorable, y es uno de los mejores abogados en derecho administrativo de la isla”.
Finalmente, Pedro San Ginés señaló que varios informes del Asesor Jurídico del Consejo Insular animaban a que se adoptaran medidas para evitar la ilegalidad del suministro a terceros de los propietarios de la planta desaladora de Montaña Roja. “Las sanciones no impedían que se siguiera produciendo, para ello, me dijeron que debía adoptar medidas cautelares, eso es lo que dice el informe escrito previo a la adopción de las citadas medidas”.
Por otro lado, cabe destacar el cambio radical de estrategia de la defensa de Pedro San Ginés en este juicio al aceptar declarar a las preguntas de la acusación popular y a la Fiscalía, así como a la defensa de los otros acusados, cuando en el primer juicio, que fue anulado, solo lo hizo ante su propio abogado defensor. Esto se ha interpretado como un signo de que el ex presidente no tiene nada que ocultar sobre la famosa incautación que finalmente benefició a los cientos de familias que viven en Montaña Roja y que, antes de la incautación, pagaban mucho más cara el agua que el resto de los lanzaroteños, además de conseguir 400.000 euros anuales para las arcas del Cabildo. Ese dinero se destina a rebajar el coste del agua al sector primario.
La defensa de San Ginés aportó lo que algunos consideran una bomba jurídica-informativa e inédita que acredita el posible agravio comparativo que han sufrido los acusados con este juicio en el que la acusación particular se retiró en su día y la Fiscalía pedía su archivo. Y es que en una pieza separada de esta causa de la incautación de Montaña Roja se le negó a Carlos Meca, en otro juzgado, la personación por entender que no era él quien estaba personado en la causa principal sino el grupo político Podemos.
El juicio proseguirá el próximo jueves con el resto de investigados además de testigos.
