La interventora del Cabido, contraria a los criterios "demagógicos" de la oposición
Los informes coinciden al explicar que la dirección de los CACT sí ha ejecutado correctamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha echado por tierra con varios informes jurídicos, entre ellos el del responsable de Recursos Huamnos y el de la interventora que es vinculante, que se pueda adelantar el dinero del complemento personal reclamado por los trabajadores de los CACTs, tal y como pretendía hacer la oposición en bloque con la celebración de un pleno extraordinario solicitado hace varias semanas y que aún no ha sido convocado.
"Tres informes concluyentes" afirmó San Ginés con rotundidad, "que coinciden al señalar que la propuesta sería nula de pleno derecho. De hecho," advirtió el presidente del Cabildo de Lanzarote, "aquellos partidos o consejeros que la respalden con su voto deben saber que estarían incurriendo en un delito de prevaricación, así como que quien la ejecutase estaría malversando fondos públicos".
Los informes también avalan la tesis de Coalición Canaria y de la dirección de los Centro Turísticos de que el reajuste realizado en las nóminas para poder cumplir con la sentencia del TSJC favorable a los trabajadores es correcto. También, definen como nulo el pleno extraordinario convocado por la oposición, porque plantea uno posibles acuerdos ilegales.
El informe suscrito por cuatro letrados integrados en la asesoría jurídica de la Primera Institución insular explica que el abono del plus de transporte, plus de lavado de ropa y plus de disponibilidad en 12 mensualidades a los trabajadores existentes en la plantilla antes de la entrada en vigor del convenio sin un reajuste en el complemento personal constituiría un incremento de la masa salarial superior al límite legalmente establecido por la Ley General Presupuestaria y contrario al ordenamiento jurídico y, por tanto, la propuesta de desbloqueo de la huelga así redactada no se ajusta a la legalidad vigente siendo, en su caso, el acuerdo plenario aprobatorio nulo de pleno derecho.
De hecho, la propuesta inicial de pagar una parte de lo reclamado para evitar 20 días de huelga, se descubre ahora también ilegal.
Igualmente rotundo, si cabe, es el informe elaborado por el departamento de Intervención del Cabildo de Lanzarote al que la oposición supeditaba la efectividad del acuerdo que pretendía aprobar, que concluye que, en base a la sentencia del TSJC, no es posible ordenar el pago a los trabajadores hasta tanto no se resuelvan las demandas de carácter individual, más allá de lo establecido en el Fundamento Segundo, es decir, que los trabajadores no pueden cobrar menos que antes de la entrada en vigor del nuevo convenio y eso se garantiza con el complemento personal que hay que calcular en cada caso, "que es, básicamente, lo que hemos defendido desde el grupo de Gobierno y la dirección de la empresa durante este largo y erosivo proceso" apuntó San Ginés. El informe incide, además, en que cualquier abono superior al establecido en el convenio colectivo supone un aumento del gasto que contraviene la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La interventora, tal y como propuso el presidente del Cabildo, ha vuelto a insistir en que la huelga tenía un tinte político que ha hecho mucho daño a la isla y a los trabajadores de los CACTs. Ha pedido actuar con responsabilidad y ha tachado al PSOE de irresponsable por abandonar el gobierno y estar dispuesto a avalar una ilegalidad.
"Lo vergonzoso y grotesco del papelón representado por el Partido Socialista", continuó San Ginés, "es que este es un caso que muestra a las claras su doble rasero para medir ya que guarda bastante similitudes al acaecido en el área de Sanidad, dirigido entonces por José Juan Cruz, que se negó a pagar a los trabajadores del Hospital Insular porque lo impide un informe elaborado por Intervención de corte similar al presentado hoy, pese a que los trabajadores sí tienen razón en su reclamación, es lo que acordamos en pleno y existe la voluntad de pagarles. En este caso de los Centros, sin embargo" concluye San Ginés, "se alinearon del lado de los trabajadores y del Comité de huelga pese a existir un informe semejante, además de que no es lo que acordado en el convenio, ni tienen razón los trabajadores, ni existe voluntad de pagar".
