La Justicia sale en tromba contra la Amnistía de Sánchez-Puigdemont
Recuerdan que el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales
Si media España, incluido muchos votantes del PSOE, sigue con la manos en la cabeza del asombro provocado las concesiones otorgadas al independentismo catalán, encarnado sobre todo en la figura de Puigdemont, los representantes de la Justicia en España han salido en tromba contra ese acuerdo utilitario entre Junts y el PSOE, que permitirá a Pedro Sánchez contar con los siete votos de ese partido catalán y convertirse en presidente y los independentistas imponer su relato de que los tribunales de Justicia españoles actuaron contra ellos de manera ilegal.
Primero fueron las asociaciones de jueces y luego las de fiscales las que rechazaron ese acuerdo para la investidura de Sánchez al incluirse el concepto de "lawfare o judicialización de la política".
En este sentido, primero fue a Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida el jueves en sesión extraordinaria, quién aprobó el siguiente comunicado: “Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al ‘lawfare’ -judicialización de la política- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan “responsabilidades” derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de ‘lawfare’, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales.
Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos.
Paralelamente hemos de expresar nuestro apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos”.
Esta mañana eran los Jueces Decanos de España quienes se manifestaban contra el documento suscrito por el PSOE y Junts para facilitar la investidura, señalando que “conociendo el contenido del comunicado publicado en la tarde de ayer por las Asociaciones Judiciales, (Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente), nos adherimos expresamente al contenido del mismo.
Mostramos igualmente nuestro rechazo por las referencias al “lawfare o judicialización de la política” y sus consecuencias.
Como se indica en el comunicado, “el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes.
Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables.
El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”.
