La justicia tumba el PRUG del Archipiélago Chinijo
El Tribunal Constitucional considera que el Gobierno Canario no hizo bien sus deberes a la hora de presentar un documento con la ordenación pormenorizada de los recursos naturales
El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado el último intento del Gobierno de Canarias de salvar el Plan de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo (PRUG), tras rechazar el recurso de amparo presentado por esta administración regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ratificada después por el Tribunal Supremo (TS), que anuló la norma por no haber desarrollado las normas pormenorizadas a través el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) preceptivo en este planeamiento.
La resolución, publicada este martes por el diario Canarias7, ni siquiera entra a valorar el fondo del asunto, y despecha por una cuestión de forma la última opción que le quedaba al Gobierno regional para mantener vigente la normativa que afecta al paraje natural de los islotes del norte de Lanzarote. De hecho, el Ejecutivo canario ha venido manteniendo que la norma seguía estando vigente hasta que el Constitucional dijera la última palabra, y precisamente ahora se ha pronunciado al respecto.
De este modo, el Ejecutivo planteó su defensa ante el Constitucional contra el fallo del Tribunal Supremo (TS), que confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que declaró nulo el Plan, aprobado por el Gobierno de Canarias el 10 de julio de 2006.
Este fallo del Supremo que anuló el Plan, al igual que otra sentencia también del Supremo en idéntico sentido, correspondiente a un segundo pelito entablado por otra parte de la familia Jordán (propietaria del 92% del islote de Alegranza) parecía haber dado por zanjado el asunto, pero el Gobierno mantuvo su empeño de insistir en que la norma no era nula, una tesis que ha venido manteniendo incluso en sede parlamentaria y que finalmente se ha desmoronado con esta nueva determinación judicial.
El Tribunal Constitucional considera que el Gobierno Canario no hizo bien sus deberes a la hora de presentar un documento con la ordenación pormenorizada de los recursos naturales.
