La serie interminable de Catalayud continúa
En este último capítulo el Cabildo acusa a San Ginés de contratar verbalmente al abogado como letrado del Consorcio del Agua "por el que cobró 321.000 euros”
Todo el mundo está esperando el desenlace final de esta interminable serie que el Cabildo de Lanzarote, gobernado por el PSOE-PP, inició hace unas semanas sobre los cobros del abogado Ignacio Calatayud en la resolución del Concurso judicial por el que entró Inalsa en la época de la socialista Manuela Armas como presidenta de la primera institución. Ahora el Cabildo saca el capítulo del Consorcio del Agua donde acusa a San Ginés de contratar a dedo y de manera verbal a Calatayud en uno de los incidentes del concurso por el que se embolsó 321.000 euros en costas propiedad del ente público.
Aseguran que, tal y como se ha comprobado durante las investigaciones ante la negativa del letrado amigo de San Ginés a facilitar a su cliente la documentación sobre su contratación, en el Consorcio Insular de Aguas no se tramitó ningún expediente de contratación para la designación de Ignacio Calatayud como abogado de la entidad en ese procedimiento, por lo que se trata de un contrato verbal efectuado por Pedro San Ginés en favor de su amigo Calatayud por el que obtuvo enormes beneficios.
Ante la inexistencia de expediente de contratación, el Consorcio del Agua de Lanzarote se dirigió en repetidas veces al propio abogado para que aportase, al menos, copia de la resolución que acordó su designación como letrado de la entidad en ese incidente y el presupuesto o condiciones de su contratación, sin que el amigo de San Ginés haya aportado ninguno de esos documentos, los cuales tampoco constan en los archivos del Consorcio, ni en el procedimiento judicial.
Acuerdos opacos y mentiras de San Ginés
Los acuerdos de Pedro San Gines con su amigo personal, Ignacio Calatayud, no solo incurren en graves irregularidades porque incumplen las normas de contratación aplicables a las administraciones públicas, como es el caso del Consorcio del Agua (formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos), sino que también se realizaron de forma totalmente opaca, hasta el punto de que no consta documentación sobre esas contrataciones en el Consorcio y el único que conocía su existencia era San Ginés.
La falta de transparencia de los contratos entre el expresidente y su amigo letrado llegaron a tal punto que el 15 de octubre de 2015, el ex presidente del Consorcio mintió doblemente a la oposición al responder las preguntas sobre las contrataciones y los pagos efectuados a Calatayud, ya que San Ginés indicó que sólo había cobrado 86.000 euros por el concurso de acreedores, cuando en realidad había cobrado 154.000 euros por el concurso y otros 800.000 euros por los incidentes concursales, ocultando las contrataciones de su amigo tanto de INALSA como del Consorcio, que sólo conocía el propio San Ginés.
Incumplimiento de las normas de contratación
A diferencia de lo sucedido en INALSA, el Consorcio del Agua nunca ha estado sometido a intervención judicial (posibilidad que la ley tampoco permite), por lo que esta nueva contratación que San Ginés también realizó a su amigo Calatayud designándole como abogado del Consorcio en uno de los incidentes del concurso, no requería ningún tipo de conformidad por parte de los administradores concursales.
Por esta razón, a San Ginés no le cabe en este nuevo asunto la posibilidad (carente de base jurídica) de intentar parapetarse tras los administradores judiciales ni derivar la responsabilidad al Consejo de Administración que, en el caso de la empresa pública de aguas, se limitó a aceptar la contratación de su amigo, sin establecer ni los honorarios, ni las condiciones del contrato, que fueron responsabilidad exclusiva de San Ginés.
En el caso del Consorcio, San Ginés ha vulnerado las normas de contratación al realizar un encargo directo a su amigo Calatayud, obviando el procedimiento de contratación y la licitación del contrato, dada la elevada cuantía del mismo (más de 300.000 euros), y lo ha hecho recurriendo a un contrato verbal, prohibido expresamente por la legislación aplicable a la contratación pública y sin conocimiento alguno por parte de los órganos de gobierno del Consorcio del Agua de Lanzarote.
